THE IN Observatorio de gobernanza

Queensland afirma que el remo olímpico se celebrará en Rockhampton. World Rowing todavía no ha aprobado la sede. Detrás de la discusión sobre un río hay una cuestión mucho más amplia para Brisbane 2032: cuando el anfitrión y una Federación Internacional discrepan, ¿quién tiene realmente el poder de decidir?

La disputa sobre dónde se celebrará el remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 parece, a primera vista, otra controversia sobre una sede. Está convirtiéndose en algo más importante.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, ha dejado inequívocamente clara la posición de su Gobierno. El remo olímpico se disputará en el río Fitzroy, en Rockhampton. Sin reconsideraciones ni sedes alternativas.

Solo hay un problema: World Rowing todavía no ha dado su aprobación técnica definitiva a la sede.

La Federación Internacional tiene una responsabilidad distinta de la del Gobierno. Debe garantizar que una competición olímpica cumpla los estándares exigidos de seguridad para los deportistas, equidad deportiva y organización técnica. Se han planteado inquietudes a nivel internacional sobre las corrientes, las mareas y las condiciones del río Fitzroy, y World Rowing continúa su evaluación.

Esto deja a Brisbane 2032 ante una contradicción poco habitual. El Gobierno anfitrión considera que la sede está decidida. La Federación Internacional considera que el proceso de aprobación sigue abierto.

Y es aquí donde una disputa sobre remo se convierte en una cuestión de gobernanza.

Un Gobierno puede elegir dónde quiere invertir el dinero público. El comité organizador tiene la responsabilidad de organizar los Juegos. La Federación Internacional es responsable de la integridad técnica de su competición olímpica. Por encima de ellos está el COI, responsable último de los propios Juegos Olímpicos.

Mientras todos estén de acuerdo, el sistema funciona.

La verdadera prueba comienza cuando no lo están.

Brisbane 2032 es especialmente importante porque se está desarrollando bajo un modelo de organización olímpica basado en la flexibilidad, las infraestructuras existentes, la distribución geográfica y un mayor control de los costes. Ese modelo reduce la necesidad de que los anfitriones construyan nuevas instalaciones simplemente para satisfacer las exigencias de los Juegos.

Pero la flexibilidad no elimina la autoridad. Hace aún más importante la cuestión de dónde reside, en última instancia, esa autoridad.

Si World Rowing concluye que Rockhampton cumple los requisitos olímpicos, la controversia podría desaparecer. Si concluye que no los cumple, Brisbane 2032 se enfrentará a una decisión de mucho mayor alcance.

¿Puede una Federación Internacional vetar de manera efectiva la sede elegida por el Gobierno anfitrión? ¿Puede el comité organizador imponer otra solución? ¿O la autoridad final vuelve, en última instancia, al COI?

Hay aquí una lección más amplia para el Movimiento Olímpico.

La nueva filosofía de organización distribuye cada vez más los Juegos entre ciudades, regiones y, en ocasiones, incluso países. Eso puede hacer que los Juegos Olímpicos sean más sostenibles y económicamente realistas. Pero cuanto más se distribuye la organización, más claro debe quedar quién tiene autoridad cuando los intereses entran en conflicto.

Puede que Rockhampton acabe acogiendo el remo olímpico en 2032. O puede que no.

Pero la disputa ya está poniendo de manifiesto una cuestión con la que Brisbane volverá a encontrarse a medida que se concreten las sedes, los deportes y el propio programa olímpico.

En el nuevo modelo de organización olímpica, ¿quién tiene el poder de decir sí y, aún más importante, quién tiene el poder de decir no?