THE IN Observatorio de gobernanza

India acaba de ofrecer una respuesta fascinante a una de las preguntas más antiguas de la gobernanza olímpica: ¿qué ocurre cuando las reglas del Movimiento Olímpico y la legislación de un Estado soberano no encajan del todo? En este caso, la respuesta no fue la confrontación ni la rendición. Fue la adaptación.

La nueva Ley Nacional de Gobernanza Deportiva de India se concibió para dotar a las organizaciones deportivas del país de una mayor estructura, rendición de cuentas y supervisión regulatoria. Entre sus disposiciones figura un límite de 15 miembros en el Comité Ejecutivo de un organismo deportivo nacional. Sin embargo, para la Asociación Olímpica de India, esa disposición aparentemente sencilla planteaba un problema. El Comité Olímpico Internacional quería que los miembros del COI en India conservaran su condición de miembros natos con derecho a voto en el Comité Ejecutivo de la IOA, al margen de esos 15 puestos.

Las cifras plantearon, por tanto, una cuestión institucional mucho más amplia. La legislación nacional establecía un límite de 15 miembros, mientras que la estructura de gobernanza olímpica exigía dar cabida al miembro o los miembros del COI además de esos puestos. India acabó encontrando una manera de compatibilizar ambas exigencias.

El 8 de septiembre, el Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes publicó una notificación en una edición extraordinaria del boletín oficial que concedía una exención específica a la Asociación Olímpica de India. El límite de 15 miembros dejará de aplicarse en la medida necesaria para incorporar a los miembros del COI en India como miembros natos adicionales con derecho a voto. A primera vista, se trata de un pequeño ajuste en la composición de un Comité Ejecutivo. Sin embargo, en términos de gobernanza, revela mucho más sobre la compleja relación entre los gobiernos y el Movimiento Olímpico.

Sería fácil describir la decisión como otra victoria de la autonomía olímpica sobre la legislación nacional. También sería engañoso. El COI no se impuso a la legislación india y el Gobierno indio tampoco cedió sin más su autoridad a una organización deportiva internacional. El proceso fue más interesante. La IOA presentó sus estatutos modificados al COI; el COI recomendó que sus miembros en India formaran parte del Comité Ejecutivo al margen del límite de 15 miembros; la IOA solicitó una exención y el Gobierno indio la concedió.

Lo fundamental es que India pudo hacerlo porque su legislación había previsto que la regulación deportiva nacional y las reglas deportivas internacionales podían no coincidir plenamente. La Ley Nacional de Gobernanza Deportiva establece que los organismos deportivos nacionales deben guiarse principalmente por las cartas y los estatutos internacionales pertinentes para regir sus asuntos, al tiempo que crea mecanismos mediante los cuales el Gobierno puede dar cabida a las exigencias del sistema deportivo internacional.

Esa distinción cambia el significado de la decisión india. India no ha permitido que una organización deportiva internacional simplemente ignore la legislación nacional. En cambio, ha creado una legislación nacional que reconoce las reglas internacionales bajo las cuales deben operar sus organizaciones deportivas. En la práctica, India ha tendido un puente jurídico entre dos sistemas de gobernanza que inevitablemente se solapan.

Este problema va mucho más allá de India. Los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas existen simultáneamente en dos mundos institucionales diferentes. Son organizaciones constituidas o reconocidas dentro de Estados soberanos, que a menudo reciben dinero público, contratan personal, organizan competiciones nacionales y están sujetas a la legislación y los tribunales de su país. Sin embargo, su existencia internacional depende del reconocimiento de organizaciones ajenas al Estado. Una federación internacional determina si una federación nacional puede participar en su sistema internacional, mientras que el COI determina si un comité olímpico nacional cumple la Carta Olímpica y puede ejercer sus derechos dentro del Movimiento Olímpico.

Esto genera un equilibrio de poder singular. Un Gobierno puede regular una organización deportiva nacional, pero no puede obligar a una federación internacional a reconocerla internacionalmente. Del mismo modo, el COI o una federación internacional pueden establecer las condiciones para el reconocimiento internacional, pero no pueden imponerse sin más a la legislación interna de un Estado soberano. Por tanto, la organización deportiva nacional queda entre dos fuentes legítimas de autoridad y, en la práctica, debe cumplir las exigencias de ambas.

La respuesta de India resulta especialmente interesante porque el Gobierno no está renunciando a regular el deporte. Todo lo contrario. La nueva legislación está creando un marco nacional de gobernanza mucho más sólido, que incluye estructuras de regulación, resolución de disputas y procesos electorales. Al mismo tiempo, el Estado ha preservado deliberadamente suficiente flexibilidad dentro de ese marco para dar cabida a las exigencias del sistema deportivo internacional.

Ese puede acabar siendo el aspecto más importante del experimento indio. Los gobiernos de todo el mundo legislan cada vez más sobre ámbitos que el deporte tradicionalmente prefería regular de forma interna: elecciones, límites de mandato, integridad, protección frente al abuso, transparencia financiera y resolución de disputas. Al mismo tiempo, el COI sigue defendiendo la autonomía del Movimiento Olímpico y el derecho de las organizaciones deportivas a gobernarse sin injerencias políticas indebidas. Esas dos tendencias se aproximan de forma constante.

Por el momento, India ha encontrado una manera de hacerlas coexistir. El Gobierno mantiene su legislación nacional sobre gobernanza, la IOA sigue sujeta a esa legislación y las exigencias institucionales del COI pueden respetarse. Nadie ha cedido formalmente su autoridad. En cambio, el sistema se ha ajustado para que ambas fuentes de autoridad puedan seguir funcionando.

Pero esta disputa concreta era relativamente fácil de resolver. El desacuerdo afectaba a la composición de un Comité Ejecutivo y podía solucionarse, en última instancia, permitiendo un puesto adicional de miembro nato con derecho a voto. El próximo desacuerdo en algún lugar del Movimiento Olímpico puede implicar algo mucho más difícil de conciliar: quién puede presentarse a unas elecciones, quién tiene potestad disciplinaria, cuánto tiempo puede permanecer un dirigente en su cargo, si una federación debe ser reconocida o si un Gobierno tiene derecho a intervenir cuando considera que una organización deportiva ha incumplido sus obligaciones.

Por eso, lo ocurrido en Nueva Delhi importa más allá de la Asociación Olímpica de India. Lo interesante no es simplemente que el COI obtuviera una exención. Es que un Estado soberano diseñó su legislación deportiva con suficiente flexibilidad para concederla. La autonomía olímpica, en este caso, no operó al margen de la legislación nacional; la legislación nacional creó el espacio para que pudiera ejercerse la autonomía olímpica.

Por ahora, los dos sistemas han encontrado una manera de convivir. La verdadera prueba llegará cuando la adaptación deje de ser posible.

Y cuando la legislación nacional y las reglas olímpicas ya no puedan armonizarse, ¿quién tiene la última palabra?