THE IN Governance Watch

Durante años, el deporte universitario de Estados Unidos ha avanzado en una misma dirección. Los tribunales cuestionaron el control tradicional de la Asociación Nacional de Deporte Universitario -NCAA- sobre la remuneración de los deportistas, los parlamentos estatales aprobaron normas dispares sobre la explotación comercial de su nombre, imagen y semejanza, las restricciones para cambiar de universidad se debilitaron y la antigua distinción entre deporte amateur y profesional se hizo cada vez más difícil de sostener.

Ahora, Washington intenta algo que podría tener consecuencias todavía mayores: reconstruir un sistema regulador nacional mediante una ley federal.

Por eso, la aprobación de la Protect College Sports Act en el Senado estadounidense, por 77 votos a favor y 22 en contra, va mucho más allá de los ingresos por derechos de nombre, imagen y semejanza —conocidos como NIL— o del sistema que permite a los deportistas cambiar de universidad. Si finalmente se convierte en ley, establecería normas nacionales en ámbitos cada vez más fragmentados, como la remuneración, los requisitos para competir y los cambios de universidad, al tiempo que concedería a la NCAA una protección limitada frente a la legislación de defensa de la competencia para aplicar determinadas reglas. También prevalecería sobre el mosaico de leyes estatales sobre NIL que ha contribuido a crear distintos marcos regulatorios dentro del país.

Esto supone un giro poco habitual en la gobernanza. La NCAA ejerció durante décadas una enorme autoridad sobre los deportistas universitarios, hasta que los litigios y los cambios legislativos comenzaron a cuestionar progresivamente una parte importante de ese poder. Ahora, el Congreso estudia si garantizar la estabilidad requiere devolvérselo en parte.

Pero ¿cuánto poder regulador debería conceder una ley federal a una entidad deportiva privada?

Esa es la cuestión que hay detrás de los titulares.

La propuesta intenta delimitar competencias, más que restaurar sin más el antiguo modelo de la NCAA. La protección planteada frente a la legislación de defensa de la competencia es limitada, mientras que el proyecto también incorporaría a la ley derechos y garantías para los deportistas: protección de las becas, atención sanitaria después de agotar su etapa de competición universitaria, regulación de los agentes y representación de los atletas en los órganos de gobierno. Según la documentación con la que la NCAA respalda el proyecto, los estudiantes deportistas deberían ocupar un tercio de los puestos en los órganos de gobierno correspondientes.

El resultado sería un modelo en el que el Congreso no sustituiría a la NCAA como regulador del deporte universitario. La ley federal definiría, en cambio, los límites dentro de los cuales podría ejercer esa función: protegería determinadas reglas frente a las impugnaciones recurrentes por motivos de competencia e incorporaría directamente a la legislación otras garantías para los deportistas.

La distinción importa.

El deporte ha defendido tradicionalmente su autonomía porque la competición necesita reglas uniformes. Los deportistas y sus representantes sostienen cada vez con más fuerza que esa autonomía no puede convertirse en inmunidad frente a la legislación económica y laboral de aplicación general. La Protect College Sports Act se sitúa precisamente entre esos dos principios: ¿cuánta autonomía necesita el deporte para gobernarse y cuánta regulación externa hace falta para controlar a quienes lo gobiernan?

También existe una dimensión olímpica que merece atención. Las universidades estadounidenses constituyen una importante vía de formación y desarrollo para los deportistas olímpicos, y el proyecto incluye disposiciones para proteger el deporte femenino y las disciplinas olímpicas mediante mínimos de deportes ofertados, plazas en las plantillas y becas. Sus defensores argumentan que contener los desequilibrios económicos en torno a las disciplinas universitarias que generan ingresos es necesario para proteger esos programas; sus críticos cuestionan que el marco propuesto salvaguarde suficientemente los intereses económicos y laborales de los atletas.

Nada de esto está resuelto. La aprobación en el Senado constituye un paso institucional importante, pero la Protect College Sports Act todavía no es ley. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde su futuro es más incierto y persisten las diferencias sobre hasta dónde debería llegar el Congreso para proteger la autoridad de la NCAA.

Sin embargo, la votación del Senado ya ha desplazado el debate sobre la gobernanza. La cuestión ya no es si el deporte universitario estadounidense necesita un marco regulador diferente. Cada vez más, se trata de quién debe tener la autoridad para construirlo.

Durante décadas, la respuesta fue, en gran medida, la NCAA.

Después llegaron los tribunales.

Ahora, el Congreso ha entrado en juego.

Y si la ley federal acaba restituyendo competencias que los litigios habían recortado, el deporte universitario estadounidense podría encaminarse no hacia la antigua NCAA, sino hacia algo completamente distinto: una autonomía deportiva definida, limitada y protegida por el Estado.