La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) decidió remitir las declaraciones de Prince Ali bin Al Hussein, presidente de la Asociación Jordana de Fútbol, a sus órganos judiciales, luego de sus críticas al Congreso Extraordinario celebrado en Tokio y al respaldo expresado por la dirigencia continental a Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA. La medida, anunciada el 27 de octubre de 2026, abre una nueva etapa en un conflicto que combina diferencias políticas, cuestionamientos sobre la transparencia institucional y el futuro del liderazgo del fútbol mundial.
La controversia se produce en un contexto de tensiones entre la FIFA y varias confederaciones continentales, especialmente después de la fallida propuesta FIFA Forward Enterprise, que contemplaba inversión privada vinculada a los derechos comerciales de las competiciones. En este escenario, el respaldo de la AFC a Infantino y las objeciones de Prince Ali han puesto sobre la mesa una cuestión central para la gobernanza deportiva: hasta dónde pueden llegar las críticas de una asociación miembro a sus dirigentes y cómo deben actuar los organismos judiciales cuando esas diferencias se convierten en acusaciones de irregularidades.
El respaldo de la AFC a Infantino y las críticas de Prince Ali
Durante el Congreso Extraordinario de la AFC, celebrado el 23 de octubre en Tokio, el presidente de la confederación, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, manifestó públicamente su apoyo a una nueva candidatura de Infantino a la presidencia de la FIFA. La declaración representó un giro político relevante, considerando que meses antes la propia AFC había cuestionado la gestión de la FIFA en torno a la propuesta FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que generó resistencia por sus implicaciones comerciales y que finalmente fue abandonada. El acercamiento entre ambas dirigencias adquirió así un significado que trascendió el respaldo electoral y evidenció un cambio en las relaciones institucionales.
Prince Ali cuestionó la imagen de unidad que surgió del encuentro y puso en duda las condiciones en que se desarrollaron las deliberaciones. El dirigente jordano criticó las oportunidades disponibles para que los delegados intervinieran, debatieran y expresaran desacuerdos, además de plantear preocupaciones sobre la transparencia del proceso. También hizo referencia a posibles presiones, amenazas e incentivos indebidos. La AFC rechazó estas afirmaciones y sostuvo que ni Prince Ali ni los representantes de otras asociaciones habían solicitado intervenir durante las instancias correspondientes. Asimismo, señaló que las acusaciones de mayor gravedad requieren pruebas creíbles, una posición que sitúa el conflicto en el terreno de la responsabilidad institucional y la evaluación de posibles infracciones.
La intervención de los órganos judiciales y el impacto en la gobernanza del fútbol
La decisión de la AFC consiste en remitir las declaraciones de Prince Ali a los órganos judiciales competentes para que sean examinadas conforme a los estatutos y reglamentos de la confederación. Esta medida no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni implica que se haya impuesto una sanción al dirigente jordano. La diferencia es fundamental, ya que cualquier procedimiento deberá establecer qué conductas pueden ser objeto de revisión, qué normas resultan aplicables y qué antecedentes respaldan las afirmaciones realizadas. La credibilidad del proceso también estará vinculada a las garantías de imparcialidad y la independencia de las instancias examinadoras, así como al respeto al derecho de las partes a presentar sus argumentos.
El caso también plantea interrogantes sobre la representación política de las 47 asociaciones miembro de la AFC. Aunque la dirigencia continental puede expresar su respaldo a un candidato presidencial, esa posición no significa necesariamente que todas las federaciones hayan comprometido individualmente su voto. En vísperas de las elecciones de la FIFA previstas para 2027, la controversia adquiere una dimensión mayor: los organismos deportivos deben proteger la integridad de sus procedimientos y exigir fundamentos para las acusaciones graves, sin confundir automáticamente el cuestionamiento político con una infracción reglamentaria. La manera en que se tramite este caso será relevante para evaluar cómo las estructuras de gobernanza del fútbol asiático gestionan las discrepancias internas en un período marcado por la disputa de influencia y los apoyos electorales.
