El Gobierno federal australiano ha cuestionado que Queensland dé por definitiva la elección del río Fitzroy como sede de remo y piragüismo de velocidad de Brisbane 2032. La ministra de Deportes, Anika Wells, ha rechazado la interpretación del primer ministro del estado, David Crisafulli, y ha planteado dudas sobre la transparencia del proceso, según The Courier-Mail. La discrepancia abre un debate sobre quién debe aprobar las sedes y cuándo puede anunciarse que una decisión está cerrada.

El Gobierno de Queensland había anunciado el 17 de septiembre que las pruebas se celebrarían en Rockhampton, tras el respaldo de World Rowing y Paddle Worldwide a una evaluación técnica independiente. «El remo y el piragüismo de velocidad estarán en Rockhampton para los Juegos de 2032», afirmó Crisafulli en el comunicado oficial. El anuncio reforzaba su apuesta por extender las competiciones y sus beneficios a las ciudades regionales del estado.

El alcance del aval técnico

El comunicado publicado al día siguiente por las dos federaciones internacionales, junto a Rowing Australia y Paddle Australia, delimitó el alcance de esa evaluación. Las cuatro organizaciones reconocieron el informe de la consultora WaterProof y confirmaron que el recorrido puede ofrecer un campo de competición seguro, justo y consistente «en las condiciones evaluadas». Esa formulación respalda la viabilidad deportiva del trazado dentro del escenario analizado.

El mismo documento dejó pendientes detalles técnicos, niveles de servicio e instalaciones necesarios para una competición olímpica y paralímpica. Su confirmación forma parte de la siguiente fase de planificación, que incluye el informe de validación del proyecto dirigido por la autoridad de infraestructuras de los Juegos, GIICA. El aval al campo de competición, por tanto, no acredita que haya concluido la validación del conjunto de la sede.

Una decisión que implica a varios organismos

La intervención de Wells tiene especial relevancia porque también ocupa una vicepresidencia del comité organizador de Brisbane 2032, según el registro oficial de organismos de Queensland. La discrepancia afecta así a representantes de instituciones que participan en la preparación de los mismos Juegos. Esa diferencia de versiones exige aclarar qué se ha aprobado, qué sigue pendiente y quién debe resolverlo.

El informe anual 2024–2025 del comité organizador aporta una referencia concreta sobre ese reparto de responsabilidades. Al describir la revisión del plan de sedes y la asignación de deportes, establece que los cambios estarán sujetos a la aprobación formal de su consejo, del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico Internacional (CPI). El procedimiento contempla varias instancias de aprobación; el anuncio de Queensland no permite conocer, por sí mismo, cuáles se han completado.

También hay un matiz relevante dentro del propio anuncio del Gobierno estatal. El presidente de GIICA, Stephen Conry, reconoció que continuaban las evaluaciones sobre requisitos, diseño, reducción de riesgos y legado. Por su parte, el presidente de Brisbane 2032, Andrew Liveris, respaldó que el trabajo posterior de diseño y operaciones se concentrase exclusivamente en Rockhampton. Ambas declaraciones muestran una dirección clara para el proyecto y, al mismo tiempo, tareas de validación todavía en curso… La confianza también depende de comunicar con precisión el estado del proyecto.