THE IN | Observatorio de gobernanza
El río Fitzroy podría albergar perfectamente el remo olímpico en 2032. La cuestión técnica se acerca a una respuesta. La cuestión de gobernanza apenas comienza.
Una evaluación independiente concluyó que el recorrido propuesto en Rockhampton puede proporcionar condiciones de competición seguras, justas y consistentes, y World Rowing respaldó sus conclusiones técnicas. Queensland reaccionó con rapidez: su primer ministro, David Crisafulli, describió el resultado como “oficial” y “firmado, sellado y entregado”, y presentó la celebración del remo en el río Fitzroy como una decisión cerrada.
World Rowing, sin embargo, utilizó un lenguaje más prudente. Su respaldo confirma que el campo de competición puede cumplir los requisitos del remo olímpico en las condiciones evaluadas, mientras continúa el proceso más amplio del Project Validation Report. Todavía deben confirmarse detalles técnicos, niveles de servicio e instalaciones de la sede. La propia Games Independent Infrastructure and Coordination Authority -GIICA- describe el respaldo como un hito importante dentro de un proceso de validación todavía abierto.
Esa diferencia no es meramente semántica. Un río puede resultar técnicamente adecuado para la competición olímpica sin que el proyecto de la sede haya completado todas las etapas de aprobación.
Y ahí es donde cambia la historia del Fitzroy.
El debate ya no consiste en determinar si los deportistas pueden remar allí. La evaluación independiente ha respondido en gran medida a esa pregunta. La cuestión ahora es quién posee la autoridad para declarar definitiva la sede olímpica de remo: el Gobierno de Queensland, GIICA, Brisbane 2032, World Rowing o, en último término, el sistema olímpico.
Brisbane 2032 funciona mediante una compleja cadena de administraciones, autoridades organizadoras, la federación internacional e instituciones olímpicas. Cada una controla una parte diferente del proceso. Esa estructura funciona cuando todas describen una decisión de la misma manera. Cuando una institución afirma, en la práctica, que la decisión está cerrada y otra señala que la validación continúa, la gobernanza pasa a formar parte de la historia.
No resulta extraño que un respaldo técnico preceda a la planificación detallada. Lo que merece ser examinado es algo más sencillo: ¿puede una decisión política ser definitiva antes de que haya concluido el procedimiento institucional encargado de confirmarla?
Los fondos públicos, la planificación de infraestructuras y las expectativas regionales comienzan a movilizarse desde el momento en que un Gobierno declara cerrada una sede olímpica. Cuanto más avanza ese proceso, más difícil —y costoso— resulta revertirlo. Por eso, el significado preciso de “aprobado” constituye una cuestión de rendición de cuentas, no de vocabulario.
Puede que el Fitzroy cumpla todos los requisitos pendientes y que la diferencia termine perdiendo importancia. Pero eso plantea una pregunta todavía más reveladora:
Si el resultado ya se considera irreversible, ¿qué puede cambiar exactamente el proceso de validación que aún permanece abierto?
Esa es la pregunta que Brisbane 2032 debería responder.
El río Fitzroy no necesita otro debate sobre cocodrilos. Necesita claridad sobre la autoridad.
Porque “firmado, sellado y entregado” debería describir el final de un proceso de aprobación, no el momento en el que nadie tiene claro quién debe aprobar todavía qué.
