The World Karate Federation intervino en Karate Sudáfrica (KSA), donde Sonny Pillay ha ejercido como presidente desde 2013, tras una serie de revelaciones de instituciones independientes sudafricanas que pusieron importantes preocupaciones de gobernanza y financieras bajo escrutinio público.

La WKF suspendió al comité ejecutivo de KSA después de que los problemas entraran en el dominio público a través de procesos parlamentarios e investigaciones de organismos de supervisión independientes. Esta cronología ha generado interrogantes sobre si una intervención anterior habría sido posible.

Según informes presentados al Parlamento de Sudáfrica y revisados por investigadores designados por la WKF, el antiguo liderazgo de KSA desarrolló un sistema caracterizado por opacidad financiera, clientelismo interno y graves fallos de gobernanza. Estos hallazgos indican que la federación se había alejado de su mandato deportivo público y operaba cada vez más a través de estructuras internas cerradas.

Nomgqibelo Ethel Nkosi

Nomgqibelo Ethel Nkosi, miembro de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, declaró: “El Comité no había recibido un desglose financiero a nivel de programa que mostrara el presupuesto específico asignado a cada programa de KSA para el año financiero 2024/25. En ausencia de dicho desglose, resultaba difícil para el Comité examinar el gasto de manera adecuada y evaluar si los fondos asignados eran proporcionales al rendimiento.”

Añadió: “Las preocupaciones de los miembros sobre la influencia familiar estaban bien fundadas. Señaló que el presidente había dicho que su hijo ya estaba en el sistema cuando él asumió el cargo, pero argumentó que la federación seguía pareciendo funcionar de manera familiar. También planteó la cuestión de si los miembros que habían sido expulsados o suspendidos recibieron audiencias adecuadas antes de la adopción de decisiones disciplinarias.”

Entre los problemas más graves se encontraban las acusaciones de que los atletas estaban sometidos a exigencias económicas excesivas y no reguladas. Los miembros de la selección nacional debían pagar tarifas elevadas por equipamiento obligatorio y uniformes oficiales. Estos costes eran canalizados a través de estructuras de suministro controladas, creando barreras económicas que afectaban de forma desproporcionada a atletas de zonas rurales y comunidades desfavorecidas, y limitaban el acceso equitativo a la representación nacional.

La supervisión parlamentaria también identificó preocupaciones relacionadas con la transparencia financiera. En algunos casos, los ingresos procedentes de competiciones, cuotas de inscripción y venta de entradas no se reflejaban completamente en los estados financieros. Estas discrepancias han generado dudas sobre la gestión financiera, aunque las conclusiones forenses finales siguen pendientes.

Integridad de los procesos electorales

Las prácticas de gobernanza dentro de KSA también fueron objeto de escrutinio. Los procesos electorales se llevaron a cabo mediante métodos de votación abierta, incluyendo votaciones a mano alzada, en lugar de voto secreto. Esto creó condiciones en las que podían ejercerse presiones e influencias sobre los delegados, generando preocupaciones sobre la integridad de las elecciones internas. Procedimientos de votación comparables también se observaron en el contexto de la Federación Mundial de Karate, en particular en el Congreso de la WKF celebrado en Bremen en 2014, donde se utilizó la votación abierta a pesar de las solicitudes de varias federaciones nacionales para realizar una votación secreta.

Las cuestiones de salvaguarda contribuyeron además a la crisis. Los informes indican que las denuncias relacionadas con conductas indebidas y violaciones éticas, especialmente aquellas que involucraban a atletas jóvenes, no siempre fueron abordadas ni investigadas de manera adecuada. Esto generó preocupaciones adicionales sobre el bienestar de los atletas y la eficacia de los mecanismos de protección existentes.

Tras la suspensión, la WKF designó una estructura interina liderada por Sean Ahmed, con el apoyo de una junta transitoria encargada de supervisar la reestructuración de la federación durante un periodo de 12 meses. El mandato incluye restablecer controles financieros, revisar los marcos constitucionales, implementar sistemas de salvaguarda y preparar a la organización para elecciones democráticas bajo procedimientos reforzados.

Dudas sobre la independencia de la reforma

Sin embargo, persisten dudas sobre la independencia del propio proceso de reforma. En particular, existe incertidumbre sobre si los miembros de la dirección interina podrán presentarse a futuras elecciones, lo que plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y sobre si la reestructuración dará lugar a una reforma institucional sustantiva o a una reconfiguración de las dinámicas de poder internas.

Aunque la responsabilidad por las fallas de gobernanza recae principalmente en el anterior liderazgo de KSA, el caso también plantea cuestiones más amplias sobre cómo las federaciones internacionales detectan fallos de gobernanza, cuándo intervienen y cómo debe funcionar la rendición de cuentas institucional en el deporte moderno.

La situación del karate en Sudáfrica pone de relieve desafíos más amplios de gobernanza en el deporte y plantea interrogantes sobre la coherencia, la supervisión y la rendición de cuentas tanto a nivel nacional como internacional.