El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) examinará si la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) respetó las reglas de elegibilidad al admitir la candidatura de Giovanni Malagò a su presidencia. Su presidente, Luciano Buonfiglio, ha anunciado la participación de expertos en derecho deportivo después de que el procurador general del Deporte, Ugo Taucer, trasladara el asunto a la institución. La revisión podría desembocar en una intervención extraordinaria de la federación, pero no se ha adoptado esa decisión ni se ha declarado inválida la elección.

Malagò fue elegido el 22 de junio con el 68,58% de los votos, frente a Giancarlo Abete. Quien dirigió el CONI durante doce años queda ahora pendiente de una revisión de ese mismo organismo sobre el procedimiento que le permitió acceder a la presidencia del fútbol italiano. La controversia se centra en la falta de una inscripción federativa vigente cuando presentó su candidatura y en las consecuencias jurídicas de esa circunstancia.

Dos interpretaciones del requisito de inscripción

Taucer ha archivado el expediente individual de Malagò, pero ha remitido la documentación al secretario general del CONI, Carlo Mornati, para que se examine si la FIGC incumplió los principios fundamentales que rigen los estatutos federativos. El procurador general entiende que estar al corriente de la inscripción federativa presupone disponer de una inscripción válida al presentar la candidatura. El archivo individual deja, por tanto, abierta la revisión de la actuación de la federación.

El procurador federal de la FIGC, Giuseppe Chinè, sostiene una interpretación distinta del artículo 29 de los estatutos. Considera que la exigencia de estar al corriente de la inscripción no impone necesariamente estar inscrito previamente y defiende la particularidad del sistema electoral de la FIGC, que exige el respaldo de uno de sus estamentos para presentar una candidatura. También ha invocado precedentes de la justicia deportiva que respaldan esa lectura. La discrepancia afecta, precisamente, a si la falta de inscripción impedía concurrir a las elecciones.

Qué tendría que ocurrir para intervenir la federación

La revisión jurídica anunciada por Buonfiglio deberá aportar elementos para valorar la actuación de la FIGC. Una administración extraordinaria no sería una consecuencia automática del informe de Taucer: la Junta Nacional del CONI tendría que examinar las conclusiones y, si apreciara una infracción suficientemente grave, proponer la intervención al Consejo Nacional, al que correspondería adoptar la medida.

Buonfiglio ha insistido en la obligación de respetar el procedimiento. “Debo garantizar que el CONI trabaje respetando las reglas, con mucha cautela y sentido común”, declaró tras conocerse el traslado del expediente, según recogió La Gazzetta dello Sport. Sus palabras sitúan la siguiente decisión en el examen de los documentos y de sus efectos jurídicos.

La autonomía federativa, en el centro del conflicto

El expresidente de la FIGC, Gabriele Gravina, ha rechazado la posibilidad de una intervención y ha defendido la autonomía de la federación. Malagò, por su parte, ha expresado su malestar por la situación. “Es un momento complicado, injusta y sorprendentemente complicado”, afirmó en una entrevista con Sky Sport reproducida por Fantacalcio. Ninguna de esas posiciones resuelve la discrepancia jurídica que deberá examinar el CONI.

Desde una perspectiva institucional, el caso pone a prueba la relación entre la autonomía electoral de la FIGC y las facultades de supervisión del CONI. Una elección concluida con una mayoría amplia sigue sometida a discusión sobre un requisito de acceso a la candidatura. La revisión deberá determinar si la interpretación aplicada por la federación respetó las normas comunes del deporte italiano y, en caso contrario, qué consecuencias corresponde adoptar.