La FIFA afronta un nuevo escrutinio sobre su gobernanza después de que el Consejo de Europa expresara públicamente su preocupación por varias decisiones adoptadas durante el Mundial de 2026. Su secretario general, Alain Berset, cuestionó la transparencia, la integridad institucional y la creciente influencia del poder político y económico en la administración del fútbol internacional. La intervención reabre el debate sobre el equilibrio entre la autonomía de las organizaciones deportivas y su obligación de rendir cuentas.

Las críticas surgieron después de la suspensión provisional de la sanción impuesta a Folarin Balogun, expulsado durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El Comité Disciplinario de la FIFA dejó sin efecto temporalmente su suspensión automática y estableció un periodo de prueba de un año. La decisión llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara a Gianni Infantino para solicitar que se revisara el caso. La Federación no publicó una explicación completa de los motivos, lo que alimentó las dudas sobre la independencia del proceso disciplinario y el respeto a la autoridad arbitral.

Los mercados de predicción entran en el debate sobre la gobernanza

Berset vinculó el episodio con otra cuestión que afecta a la integridad del deporte: el crecimiento de las apuestas y los mercados de predicción alrededor del fútbol. En abril de 2026, la FIFA anunció a ADI Predictstreet como su primer socio oficial dentro de esta categoría. El acuerdo permite desarrollar productos vinculados con la evolución de los partidos y otras situaciones deportivas, aunque la organización aseguró que incorporaría sistemas de supervisión y medidas destinadas a proteger la competición.

La entrada de estos operadores amplía las posibilidades comerciales, pero también plantea riesgos relacionados con la manipulación de encuentros, el uso de información privilegiada y la exposición de los deportistas a nuevos tipos de presión. El Convenio de Macolin, promovido por el Consejo de Europa, establece un marco de cooperación entre autoridades públicas, federaciones deportivas, reguladores y operadores para combatir esas amenazas. La proximidad entre una entidad responsable de garantizar la integridad de la competición y empresas que obtienen ingresos mediante predicciones sobre ella exige, por tanto, criterios especialmente claros de transparencia y control.

Las críticas proceden de un socio institucional

La relevancia de la intervención aumenta porque no procede de un organismo ajeno a la FIFA. Ambas instituciones firmaron en 2018 un memorando de entendimiento para colaborar en derechos humanos, seguridad, buena gobernanza y lucha contra la manipulación de competiciones. Esa relación continuó mediante diferentes reuniones institucionales, incluida una celebrada en Nueva York en 2024. Las declaraciones de Berset muestran que la cooperación no impide al organismo europeo cuestionar públicamente las decisiones de su socio cuando considera que pueden afectar a esos principios.

La FIFA sostiene que las reformas aprobadas en 2016 reforzaron su modelo mediante límites de mandato, controles de idoneidad, una mayor separación entre las funciones políticas y administrativas y comités independientes. También incorporó obligaciones sobre la publicación de remuneraciones y la supervisión financiera. Sin embargo, la controversia actual indica que las reformas internas no han eliminado las dudas externas. El Consejo de Europa, integrado por 46 Estados y diferente de la Unión Europea, no puede anular una decisión disciplinaria ni imponer directamente cambios a la Federación, pero sus observaciones aportan peso político y pueden influir en futuras exigencias regulatorias.

El Mundial de 2030 será la siguiente prueba

Berset propuso introducir una “tercera parte” dedicada a la integridad antes del Mundial de 2030, organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos. La idea consiste en reunir a instituciones deportivas y públicas para revisar cuestiones como la gobernanza, la seguridad, los derechos humanos, la lucha contra el dopaje y la manipulación de competiciones. El Consejo de Europa recuerda que su participación en el deporte internacional ha producido instrumentos como el convenio sobre seguridad de los espectadores, desarrollado después de la tragedia de Heysel, el Convenio Antidopaje y el propio Convenio de Macolin.

Hasta el 24 de julio, la FIFA no había difundido una respuesta específica a las declaraciones de Berset. La ausencia de consecuencias jurídicas inmediatas no reduce la importancia de la controversia. El próximo examen no dependerá únicamente de la existencia de códigos, comités y reformas, sino de cómo se expliquen y apliquen las decisiones cuando intervienen dirigentes políticos, intereses comerciales o situaciones disciplinarias sensibles. La gobernanza se mide precisamente en esos casos: cuando la autonomía del deporte debe demostrar que no funciona como una excepción a la transparencia.

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