La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) volvió a situarse en el centro del deporte global por dos decisiones que reflejan el alcance y la tensión de su poder institucional. Por un lado, confirmó que su investigación sobre el sistema de dopaje respaldado por el Estado ruso superó las 300 sanciones, una cifra sin precedentes que marca uno de los capítulos más duros en la historia reciente del deporte internacional. Por otro, la agencia analiza una norma que podría impedir la asistencia de Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses a grandes eventos internacionales, en un nuevo episodio de su largo conflicto con Washington.

Ambos frentes exponen a una WADA más activa, más política y también más cuestionada. Mientras la “Operación LIMS” consolidó el mayor proceso sancionatorio de la historia del antidopaje, la posibilidad de sancionar institucionalmente a Estados Unidos abre un debate que trasciende el control de sustancias y entra en el terreno de la gobernanza global, la diplomacia y los límites reales de una agencia que, desde hace años, amplía su influencia mucho más allá del laboratorio.

WADA cierra la mayor investigación antidopaje de su historia

WADA confirmó que la llamada “Operación LIMS” concluyó con 302 sanciones impuestas a 291 atletas rusos, con 11 deportistas castigados en dos ocasiones por infracciones distintas. La investigación se construyó a partir de datos y muestras extraídas en 2019 del Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) del Laboratorio Antidopaje de Moscú, una base de 24 terabytes que permitió reconstruir años de manipulación y encubrimiento dentro del sistema deportivo ruso. Para Witold Banka, presidente de WADA, el resultado no deja espacio para matices: se trata de “la investigación más exitosa en la historia de la lucha contra el dopaje”.

El alcance del caso fue transversal. WADA detalló que 23 organizaciones antidopaje participaron en la imposición de sanciones, mientras otros cuatro expedientes todavía esperan resolución definitiva. Levantamiento de pesas, con 107 casos, y atletismo, con 93, fueron las disciplinas más golpeadas, aunque el escándalo alcanzó a 22 deportes en total. La dimensión del caso también reabre una de las decisiones más polémicas de la última década: la readmisión condicional de la agencia rusa RUSADA en 2018. En su momento, la medida fue criticada con dureza, pero Banka defendió que esa maniobra fue precisamente la llave para acceder a las pruebas que terminaron sosteniendo cientos de sanciones y desmantelando el mayor esquema de dopaje institucionalizado del deporte moderno.

El nuevo frente político de WADA apunta a Estados Unidos

Mientras cierra el expediente ruso, WADA abrió otro frente de alto voltaje político. La agencia estudia una norma que podría impedir que Donald Trump y otros funcionarios del gobierno estadounidense asistan a grandes eventos internacionales, incluso si se celebran en territorio estadounidense. La propuesta surge en medio del conflicto por la retención de 7,3 millones de dólares en cuotas por parte de Estados Unidos entre 2024 y 2025, una medida impulsada como protesta por la gestión de WADA en distintos casos, especialmente el de los nadadores chinos que compitieron pese a haber dado positivo por una sustancia prohibida. La agencia aceptó entonces la explicación de contaminación accidental entregada por las autoridades chinas, una resolución que provocó una reacción política inmediata en Washington.

El debate, sin embargo, excede el caso Trump y expone un choque más profundo entre legitimidad institucional y poder político. WADA sostiene que los gobiernos están obligados a cumplir sus normas a través del marco que vincula a los Estados con la UNESCO, lo que incluiría compromisos administrativos y financieros además de las reglas antidopaje. En teoría, eso le daría margen para impulsar restricciones contra funcionarios de países que incumplen. En la práctica, la idea ha sido recibida en Estados Unidos como una extralimitación difícil de ejecutar y políticamente incendiaria. Desde Washington, voces de ambos partidos han cuestionado la medida y reforzado una posición que ya se ha vuelto transversal: exigir más transparencia, más rendición de cuentas y menos margen de discrecionalidad a una agencia que hoy no solo sanciona atletas, sino que también busca redefinir su relación con los gobiernos que la financian.