El comisario europeo de Deporte, Glenn Micallef, ha cuestionado la adjudicación del Mundial de halterofilia de 2030 a Moscú y ha pedido explicaciones al Comité Olímpico Internacional -COI- sobre las condiciones del regreso de grandes competiciones a Rusia y la seguridad de los deportistas. Su intervención, publicada el 27 de octubre en X, llega dos días después del anuncio de la Federación Internacional de Halterofilia -IWF- y sitúa las posibles implicaciones de las sanciones europeas en el centro de la controversia.

Micallef señaló el papel de la federación rusa, presidida por Aleksandr Vinokurov, incluido en las listas de sanciones de la Unión Europea -UE-, en la obtención del campeonato. “El deporte no es una vía para eludir las sanciones de la UE”, advirtió en su mensaje. Añadió que, si las actividades relacionadas con estos organismos se utilizan para sortear las restricciones, sus responsables deberán rendir cuentas. Su intervención reclama examinar las condiciones de organización del torneo; no anuncia una resolución que declare que la IWF haya infringido la legislación europea.

Una sede que amplía el regreso ruso

La IWF anunció el 25 de octubre la adjudicación de cuatro campeonatos entre 2028 y 2030. Pristina, en Kosovo, organizará el Mundial juvenil de 2028 y Caracas, en Venezuela, el júnior del mismo año. Ahmedabad, en India, recibirá el absoluto de 2029, antes de la edición de Moscú. El secretario general de la federación, José Quiñones, destacó la calidad de las candidaturas y que tres de los países elegidos estrenarán la organización de un Mundial de la IWF, como muestra de la expansión internacional de la halterofilia.

La decisión sobre Rusia sucede a la apertura de las competiciones a sus deportistas. El 26 de junio, la IWF confirmó la elegibilidad de participantes rusos y bielorrusos de todas las categorías de edad, ampliando el marco que ya aplicaba a jóvenes y júniors. Conceder una sede añade compromisos diferentes a los de autorizar la participación: implica relaciones con organizadores locales, instalaciones, proveedores y autoridades. Moscú, que acogió el campeonato por última vez en 1983, volvería así a recibir una de las principales competiciones de un deporte olímpico.

La autonomía deportiva y las sanciones

La autonomía de las federaciones les permite decidir sobre sus calendarios y sedes, pero la ejecución de esos acuerdos debe respetar la legislación aplicable. La advertencia de Micallef dirige la atención hacia contratos, pagos, patrocinios y prestación de servicios. Una evaluación jurídica tendría que determinar quién participa en esas operaciones, qué relación mantiene con personas o entidades sancionadas y qué restricciones y jurisdicciones resultan aplicables. Ese análisis de las actividades y sus beneficiarios permitiría establecer el alcance de las obligaciones legales en la preparación del campeonato.

El comisario también dirigió una petición al COI: “Debe explicar cómo sus normas impiden que el deporte internacional se utilice para normalizar esta guerra”. Además, preguntó quién asume la responsabilidad por la seguridad de los deportistas que competirían en Moscú. La adjudicación corresponde a la IWF, pero la intervención europea plantea cómo encajan las decisiones de las federaciones con los principios que orientan la respuesta del movimiento olímpico al conflicto.

Ucrania reclama revisar la decisión

El ministro ucraniano de Juventud y Deporte, Matviy Bidnyi, anunció la preparación de solicitudes oficiales ante la IWF y el COI para revisar la adjudicación y abrir un nuevo proceso de selección transparente. En declaraciones a la televisión pública ‘Suspilne’, añadió que los deportistas de su país no acudirían a Moscú, aunque reconoció que las circunstancias pueden cambiar antes de 2030. El ministro defendió mantener la presencia ucraniana en las competiciones internacionales, pero calificó la elección de la capital rusa como una situación extraordinaria.

Vinokurov, por su parte, celebró la adjudicación y defendió la experiencia de Moscú en grandes acontecimientos y sus infraestructuras. El dirigente ruso situó entre sus objetivos ofrecer las mejores condiciones para deportistas, entrenadores y participantes. Esa posición contrasta con las objeciones ucranianas y con las preguntas europeas sobre sanciones y seguridad. La preparación del Mundial exigirá concretar esas garantías y las relaciones económicas que lo harán posible, mientras Ucrania promueve la revisión de la sede y Micallef reclama explicaciones al movimiento olímpico.