La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza con la promesa de un torneo inclusivo y seguro, pero también con crecientes señales de alerta en torno a los derechos humanos. En un contexto marcado por tensiones políticas y sociales en los países anfitriones, el evento más importante del fútbol mundial comienza a ser observado no solo por su magnitud deportiva, sino por las condiciones en las que millones de personas vivirán la experiencia.

En ese escenario, Amnistía Internacional encendió las alarmas al advertir que el torneo corre el riesgo de convertirse en un “escenario para la represión”. A través de su informe La humanidad debe ganar, la organización instó a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, así como a la FIFA, a tomar medidas urgentes para proteger a aficionados, jugadores, periodistas y comunidades locales.

Un Mundial bajo tensión: seguridad, migración y libertades en debate

El informe plantea que, especialmente en Estados Unidos —donde se disputará la mayor parte de los partidos—, existe una “emergencia de derechos humanos” vinculada a políticas migratorias restrictivas, deportaciones masivas y detenciones arbitrarias. Según la organización, estas prácticas han generado un clima de temor que podría extenderse a quienes viajen o participen en el torneo, tensionando la promesa de un evento abierto y global.

En ese marco, el rol del ICE adquiere especial relevancia. Su director interino aseguró que la agencia será una “pieza clave” en el dispositivo de seguridad del Mundial, lo que ha despertado inquietud ante posibles operativos que afecten a comunidades migrantes y aficionados. A esto se suman restricciones de viaje que impactan a seguidores de distintos países y preocupaciones expresadas por colectivos, como grupos LGBTQ+ europeos, que han cuestionado su asistencia por razones de seguridad.

Derechos humanos en juego: el desafío de un torneo verdaderamente inclusivo

Más allá de Estados Unidos, el informe también examina los contextos de Canadá y México, donde identifica riesgos asociados a protestas sociales, crisis habitacionales y despliegues de seguridad que podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión y reunión. En México, por ejemplo, la movilización de miles de efectivos de seguridad y el trasfondo de violencia estructural generan preocupación sobre el tratamiento de manifestaciones, mientras que en Canadá resurgen temores por el desplazamiento de personas vulnerables en ciudades anfitrionas.

Desde Amnistía Internacional insisten en que el desafío central no es solo organizativo, sino ético. La organización advierte que la brecha entre la narrativa oficial de la FIFA —que promete un torneo seguro e inclusivo— y la realidad en terreno podría ampliarse si no se adoptan medidas concretas. En palabras de Steve Cockburn, responsable de justicia económica y social, el fútbol pertenece a las personas, y son ellas quienes deben estar en el centro de cualquier decisión, especialmente en un evento que movilizará millones de historias, expectativas y realidades distintas.