Durante más de un siglo, el deporte internacional se ha construido sobre un principio fundamental: la autonomía. El Comité Olímpico Internacional -COI-, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales han defendido sistemáticamente su capacidad para establecer normas y adoptar decisiones sin injerencias políticas. Este principio ha dado forma a la gobernanza del Movimiento Olímpico y continúa siendo una protección esencial frente a los gobiernos u otros actores externos que pretendan utilizar el deporte en beneficio de sus propios intereses.

Sin embargo, el entorno que rodea a ese principio está cambiando. El día de la final del Mundial de la FIFA 2026, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, se refirió a una sanción que, según su relato, había sido suspendida después de que un jefe de Estado contactara con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación -FIFA-. También advirtió sobre la expansión de las apuestas relacionadas con acciones individuales de los partidos y la decisión de la FIFA de incorporar como socio oficial a un mercado de predicciones. En lugar de anunciar un procedimiento contra la federación, Berset propuso abrir lo que denominó un “tercer tiempo”: un diálogo de trabajo con la FIFA para desarrollar un marco de integridad de cara al Mundial de 2030. El episodio no representa únicamente otro desacuerdo entre una institución política y una organización deportiva. Refleja una transformación más amplia en la manera en que gobiernos, reguladores e instituciones internacionales observan la gobernanza del deporte mundial.

La autonomía en un panorama deportivo cambiante

El debate ya no consiste simplemente en determinar si el deporte debe conservar su autonomía. Cada vez se centra más en cómo debe funcionar esa autonomía en un mundo donde las organizaciones deportivas internacionales ejercen una considerable influencia económica, política y social. Las federaciones internacionales ya no son únicamente reguladores técnicos. Organizan competiciones mundiales valoradas en miles de millones, conceden derechos de organización, negocian directamente con gobiernos, gestionan amplios programas comerciales y adoptan decisiones sobre elegibilidad, integridad, protección y derechos de los deportistas. Sus normas pueden afectar a carreras profesionales, representaciones nacionales, acceso a competiciones y distribución de importantes recursos económicos.

A medida que ha aumentado su influencia, también han evolucionado las expectativas. Los gobiernos reclaman una mayor transparencia, mientras los tribunales deben resolver controversias que antes se gestionaban casi exclusivamente dentro de las estructuras deportivas. Las organizaciones internacionales promueven estándares de gobernanza más exigentes y los poderes públicos examinan cada vez más cómo ejercen las entidades deportivas sus facultades regulatorias y comerciales. Esta evolución no debería interpretarse automáticamente como una injerencia política ni como un intento de debilitar la autonomía institucional. Refleja la realidad de que el deporte mundial se ha convertido en una parte importante de la vida pública internacional y que las organizaciones con una influencia tan amplia afrontan inevitablemente mayores exigencias de rendición de cuentas.

Cuando la supervisión no significa injerencia

La jurisprudencia europea ya muestra cómo está cambiando esta relación. En su sentencia de 2023 sobre la Superliga europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- no retiró a la FIFA y a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol -UEFA- su autoridad para regular el fútbol ni les ordenó aprobar la competición propuesta. Determinó que las facultades para autorizar competiciones e imponer sanciones debían ejercerse mediante criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados. La sentencia reconoció la estructura particular del deporte, pero también dejó claro que sus actividades económicas y decisiones regulatorias continúan sometidas a la legislación.

Ese mismo equilibrio aparece en el planteamiento del Consejo de Europa. Su Carta Europea del Deporte reconoce los procesos autónomos de decisión de las organizaciones deportivas, pero también establece que actúan dentro de los límites de la legislación aplicable y deben seguir principios de buena gobernanza. La institución ha trabajado anteriormente junto al movimiento deportivo para crear convenios vinculantes sobre seguridad de los espectadores, lucha contra el dopaje y manipulación de competiciones. Su trabajo actual en una nueva recomendación que aborda conjuntamente la autonomía y la buena gobernanza refleja un esfuerzo institucional por conciliar ambos principios, en lugar de considerarlos necesariamente contradictorios.

La buena gobernanza como garantía de independencia

Esa distinción resulta fundamental. La injerencia política se produce cuando un gobierno, un cargo electo u otro actor con poder intenta influir en una sanción, elección, decisión de elegibilidad o norma competitiva para favorecer un interés particular. La supervisión legítima persigue una finalidad diferente: aplicar las leyes generales, proteger derechos fundamentales, exigir que las decisiones estén motivadas y garantizar que las facultades regulatorias se ejerzan de manera coherente. Aun así, los límites pueden resultar difíciles de identificar, especialmente cuando los gobiernos financian grandes acontecimientos, proporcionan seguridad, construyen instalaciones o negocian directamente con las federaciones internacionales. La declaración del Consejo de Europa sobre la FIFA contiene las dos dimensiones de esta tensión: critica una supuesta presión política sobre una decisión deportiva y, al mismo tiempo, solicita participar en el desarrollo de un marco internacional de integridad.

Por tanto, la pregunta más importante ya no es si las instituciones políticas deben permanecer completamente fuera del deporte. La cuestión es cómo pueden las organizaciones deportivas autónomas conservar su independencia mientras responden a las expectativas legítimas de las sociedades en las que operan. El deporte no puede funcionar eficazmente sin autonomía, pero es poco probable que la autonomía por sí sola pueda sostener la legitimidad institucional mientras continúa aumentando el escrutinio público. El futuro de la gobernanza deportiva internacional quizá dependa menos de defender la autonomía como un principio abstracto y más de demostrar que las instituciones autónomas pueden gobernarse con integridad, transparencia y responsabilidad. Durante más de un siglo, la autonomía ha sido la principal defensa institucional del deporte frente al control político directo. La próxima década puede determinar si la buena gobernanza se convierte en el principio que proteja a la propia autonomía.

Evaluación de THE IN

Nivel de evidencia: alto

Las instituciones políticas, los gobiernos, los reguladores, los tribunales y las organizaciones internacionales intervienen cada vez más en asuntos que antes gestionaban casi exclusivamente los organismos deportivos. Las recientes declaraciones institucionales, sentencias judiciales y marcos de gobernanza ofrecen pruebas claras de esta evolución.

Tendencia emergente

El deporte internacional está entrando en un entorno de gobernanza en el que la autonomía institucional y la rendición de cuentas pública se consideran cada vez más requisitos complementarios. Esto no elimina el riesgo de injerencia política, pero aumenta la importancia de distinguir entre una influencia indebida y una supervisión legítima.

Una posible conclusión

Las organizaciones mejor situadas para salir reforzadas quizá no sean las que defiendan su autonomía con mayor contundencia, sino aquellas capaces de demostrar que la autonomía y una gobernanza ejemplar pueden coexistir satisfactoriamente.

Sobre THE IN
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