Las cinco principales ligas profesionales de Estados Unidos y sus respectivos sindicatos de jugadores han solicitado a los reguladores estatales que prohíban de manera permanente apostar a quienes amenacen o acosen de forma abusiva a deportistas, entrenadores, árbitros, trabajadores de los equipos o sus familiares. La National Football League -NFL-, la Major League Baseball -MLB-, la Major League Soccer -MLS-, la National Basketball Association -NBA- y la National Hockey League -NHL- remitieron su petición a las autoridades de 35 estados y del Distrito de Columbia después de detectar un aumento de los mensajes hostiles vinculados a apuestas perdidas.

La iniciativa pretende introducir una consecuencia común dentro del mercado regulado, pero deja abierto un problema más amplio. La expulsión puede cerrar el acceso a las casas de apuestas legales estadounidenses, aunque no impide utilizar operadores clandestinos o extranjeros ni sustituye la actuación policial frente a posibles delitos. Las principales competiciones femeninas tampoco participaron en la elaboración de la propuesta y la carta no plantea cambios sobre las apuestas relacionadas con el rendimiento de jugadores individuales, uno de los productos que concentra la responsabilidad de una pérdida económica sobre una persona concreta.

Una exclusión compartida entre estados

Las organizaciones solicitan que las casas de apuestas y las aplicaciones móviles retiren permanentemente los privilegios de cualquier usuario al que se atribuyan amenazas violentas o acoso abusivo debidamente acreditado. También proponen un sistema normalizado para que deportistas, sindicatos, equipos y ligas puedan remitir pruebas verificadas a reguladores y fuerzas de seguridad. Los operadores tendrían que identificar, señalar y expulsar las cuentas relacionadas con estas conductas como una de las condiciones para conservar sus licencias. “Amenazar la seguridad de un deportista o de sus familiares por una apuesta cruza una clara línea ética y penal”, sostiene la carta.

La regulación permanece fragmentada desde que el Tribunal Supremo anuló en 2018 la disposición principal de la Professional and Amateur Sports Protection Act -PASPA- y permitió que cada estado decidiera si autorizaba las apuestas deportivas. Ohio, West Virginia, Louisiana y Wyoming ya disponen de procedimientos para excluir a determinados usuarios de los operadores con licencia, pero las ligas reclaman que una prohibición adoptada en un territorio sea reconocida por los demás. La necesidad de coordinación ha crecido junto al mercado: durante 2025 se apostaron legalmente 166.940 millones de dólares en deportes dentro del país, un 11% más que el año anterior, según la American Gaming Association.

Las competiciones femeninas quedaron fuera

La Women’s National Basketball Association -WNBA-, la National Women’s Soccer League -NWSL- y la Professional Women’s Hockey League -PWHL- no aparecen entre las entidades participantes. Tampoco lo hacen sus sindicatos. La directora ejecutiva de la Women’s National Basketball Players Association -WNBPA-, Terri Carmichael Jackson, calificó la exclusión de “profundamente decepcionante” después de los incidentes de acoso relacionado con las apuestas denunciados públicamente por sus afiliadas durante las últimas temporadas. “La NBA determinó que las jugadoras de la WNBA no merecían ser incluidas en una declaración conjunta destinada a abordar precisamente este problema”, afirmó a ‘Front Office Sports’.

La ausencia resulta especialmente significativa por la relación institucional entre ambas competiciones: la NBA posee aproximadamente el 42% de la WNBA y las dos organizaciones comparten oficinas en Nueva York. La National Women’s Soccer League Players Association -NWSLPA- explicó que conoció la iniciativa mediante las preguntas de los medios. El sindicato respaldó su finalidad, pero lamentó no haber sido consultado. Las organizaciones femeninas no rechazaron los vetos; reclamaron participar en una respuesta que pretende proteger al deporte profesional. La carta incluye además a los deportistas universitarios entre sus posibles beneficiarios, aunque la National Collegiate Athletic Association -NCAA- tampoco figura entre los firmantes.

Lo que puede conseguir una prohibición

Dentro de las plataformas reguladas, una lista compartida puede impedir que una persona expulsada de un operador abra inmediatamente una cuenta en otro o traslade su actividad a un estado diferente. El sistema de comunicación permitiría también conservar las pruebas, relacionar un perfil utilizado para amenazar con una cuenta de apuestas y trasladar la información a las autoridades. La implantación deberá determinar quién verifica los hechos, qué comportamientos alcanzan el umbral de “acoso abusivo”, cómo se comparten los datos personales y qué procedimiento puede utilizar el afectado para recurrir una exclusión permanente.

El alcance disminuye cuando el responsable actúa fuera del sistema legal estadounidense. El individuo que amenazó al jugador de béisbol Lance McCullers se encontraba en el extranjero, por lo que una exclusión estatal difícilmente habría evitado sus mensajes. Benjamin ‘Parlay’ Patz fue acusado de amenazar a más de 300 deportistas profesionales y universitarios; se declaró culpable en 2021, recibió tratamiento psicológico y tuvo que abstenerse de apostar, pero no ingresó en prisión. Estos antecedentes muestran que retirar una cuenta puede limitar la actividad comercial del infractor, pero no reemplaza la investigación policial y judicial cuando las amenazas constituyen un posible delito.

El riesgo de las apuestas individuales

Las apuestas sobre acciones o estadísticas personales —puntos, rebotes, lanzamientos, pases o cualquier otro registro— establecen una relación directa entre el rendimiento de un deportista y el dinero perdido por el usuario. El afectado deja de ser únicamente parte de un resultado colectivo y pasa a convertirse en la causa visible de que una apuesta concreta no se cumpla. Un editorial de ‘The Washington Post’ ha pedido prohibir estos productos al considerar que incrementan el acoso individual, facilitan posibles manipulaciones y exponen especialmente a deportistas universitarios o profesionales con salarios más reducidos.

Las cinco ligas firmantes mantienen acuerdos comerciales con compañías de apuestas y no han propuesto limitar esos mercados ni reducir la integración de las cuotas y promociones dentro de sus competiciones. El veto de por vida actuaría, por tanto, sobre el comportamiento final del usuario y no sobre el producto que puede alimentar su frustración. Su eficacia dependerá de que los estados reconozcan mutuamente las exclusiones, los operadores compartan información, las ligas femeninas se incorporen al sistema y las autoridades intervengan cuando el acoso salga del ámbito regulatorio. La propuesta introduce una barrera dentro de las apuestas legales, pero no constituye por sí sola una respuesta completa frente a las amenazas.