La Federación Keniana de Fútbol -FKF- ha acordado expulsar a su vicepresidente, McDonald Mariga, y a otros seis integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional -NEC-, en una decisión que los afectados rechazan y han pedido revisar a FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol -CAF-. La resolución se adoptó en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de noviembre en Meru. Dos días después, Mariga denunció irregularidades en el acceso, las acreditaciones y la votación, abriendo una nueva fase del enfrentamiento con el presidente federativo, Hussein Mohammed, mientras Kenia prepara la organización conjunta de la Copa de África de 2027.

Además de Mariga, la decisión afecta a Robert Kenneth Macharia, representante de la región Central; Bernard Korir Lagat, del Alto Valle del Rift; Violet Kerubo Momanyi, representante del fútbol femenino; Collins Opiyo Kalee, de Nyanza; Gabriel Mghendi, de la Costa; y Daniel Akala Shikanda, de Nairobi. FKF les atribuye incumplimientos graves y reiterados de sus estatutos y de la normativa futbolística, entre ellos las actuaciones para apartar al presidente en abril, ausencias a reuniones debidamente convocadas y comunicaciones no autorizadas en nombre de la entidad. La federación sostiene que la Asamblea ejerció sus competencias conforme a los artículos 16 y 24 de sus estatutos.

De una candidatura conjunta a la disputa por un seguro

Mohammed y Mariga habían llegado juntos a la presidencia y vicepresidencia en las elecciones del 7 de diciembre de 2024. La ruptura se hizo explícita el 24 de abril de 2026, cuando un grupo del Comité Ejecutivo encabezado por Mariga acordó suspender al presidente, al secretario general interino, Dennis Gicheru, y al dirigente Abdullahi Yusuf. La iniciativa estaba relacionada con denuncias sobre una operación de seguros de 42,48 millones de chelines kenianos vinculada al Campeonato Africano de Naciones -CHAN- 2024, celebrado en agosto de 2025. El conflicto combinaba así las sospechas sobre la gestión económica de aquella competición con las quejas de miembros del Ejecutivo por su exclusión de las decisiones federativas.

Mohammed negó que se hubiera perdido dinero y sostuvo que la cobertura se había contratado dentro del marco del acuerdo de organización con CAF. También rechazó la validez de la reunión que pretendía suspenderlo, argumentando que no había sido convocada conforme a los estatutos. Las resoluciones de abril quedaron frenadas por medidas cautelares judiciales, mientras la división continuó dentro de la dirección. Aquel enfrentamiento explica la convocatoria de Meru: los delegados debían examinar las decisiones adoptadas contra el presidente, sus consecuencias y la conducta de los dirigentes implicados. Las denuncias económicas y las objeciones al procedimiento constituyen cuestiones distintas; la destitución de los siete no determina por sí misma qué ocurrió con el seguro.

El derecho de defensa y la votación, bajo disputa

En su comunicado del 9 de noviembre, Mariga afirmó que los siete dirigentes y 32 delegados acreditados no pudieron acceder a la reunión. Denunció que se les privó de la oportunidad de defenderse y que las destituciones se aprobaron por aclamación, en lugar de mediante voto secreto. “Es un requisito constitucional obligatorio, no un procedimiento opcional”, señaló sobre el artículo 41.5 de los estatutos. También cuestionó la identidad y autorización de algunos participantes, la autenticidad del registro de asistencia, el quórum y la mayoría necesaria para aprobar las resoluciones. El núcleo de la impugnación es, por tanto, si la Asamblea respetó las garantías exigidas para cesar a responsables electos, además de contar con la competencia para hacerlo.

La reunión estuvo precedida por incidentes en el Three Steers Hotel, con despliegue policial, gases lacrimógenos y un retraso de varias horas respecto al inicio previsto. Las informaciones desde el recinto describen la salida de Mariga y posteriores dificultades para que él y sus aliados volvieran a entrar. FKF también expresó preocupación por la operación policial que interrumpió los preparativos. Según la federación, asistieron representantes de FIFA y CAF, el responsable interino del Registro de Deportes, Chacha J. Maroa, y representantes del departamento estatal competente. Su presencia como observadores no equivale a una resolución que valide las destituciones, cuya revisión reclaman ahora los afectados.

Una crisis con la Copa de África en el calendario

La dimensión continental del conflicto viene marcada por la Copa de África de 2027, que Kenia organizará junto a Uganda y Tanzania, del 19 de junio al 17 de julio. La preparación exige coordinación entre federaciones, gobiernos, comités organizadores y CAF, mientras la dirección keniana mantiene una disputa sobre quién puede ejercer determinadas responsabilidades. Existe además un antecedente institucional: FIFA suspendió a FKF en febrero de 2022 después de que el Gobierno sustituyera a su Ejecutivo electo por un comité provisional. La sanción se levantó en noviembre de ese año tras la restitución de la dirección. Aquel caso respondía a una intervención externa y no permite deducir una nueva suspensión por la actual confrontación interna.

Los siete dirigentes sostienen que continúan en sus cargos y han solicitado a FIFA, CAF y al Registro de Deportes que examinen las credenciales de los delegados, las actas de asistencia, el quórum y el procedimiento de votación de Meru. FKF, por su parte, mantiene la decisión y ha anunciado nuevas comunicaciones sobre su aplicación y los ajustes administrativos derivados. La revisión solicitada deberá distinguir las acusaciones formuladas contra los responsables de las garantías que debían acompañar su eventual destitución. Entre los documentos reclamados figuran precisamente los que permitirían establecer quién participó en la Asamblea, con qué representación y cómo se aprobaron los ceses.