El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista destinado a regular los deportes universitarios en un esfuerzo por poner orden en una industria que atraviesa una profunda transformación económica y deportiva. La iniciativa, conocida como la College Sports Protection Act, recibió 77 votos a favor y 22 en contra, y busca establecer normas nacionales que regulen los pagos que reciben los deportistas por el uso de su nombre, imagen y semejanza (NIL), así como limitar las transferencias entre universidades. La propuesta también contempla otorgar nuevas facultades a la NCAA para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, en medio del aumento de los costos para las instituciones y la incertidumbre en torno al futuro del modelo deportivo universitario.

La aprobación del proyecto de ley marca la culminación de años de negociaciones en el Congreso, que se intensificaron tras un acuerdo judicial de 2025 que permitió a las universidades pagar directamente a sus deportistas. Este cambio transformó la dinámica económica del sector, particularmente en deportes como el fútbol americano, donde las nóminas de algunos equipos pueden superar los 40 millones de dólares. La iniciativa fue negociada por el senador republicano Ted Cruz y la senadora demócrata Maria Cantwell, quienes impulsaron un marco federal para reducir los litigios y establecer mayores protecciones para los deportistas y las instituciones. Sin embargo, el proyecto aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y ha recibido críticas de legisladores y organizaciones que consideran insuficientes las protecciones que ofrece a los deportistas.

Cambios propuestos por el proyecto de ley para regular los deportes universitarios

Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es establecer límites y condiciones para los pagos que reciben los deportistas universitarios por el uso de su nombre, imagen y semejanza. La propuesta busca incorporar el acuerdo judicial de 2025 a la legislación federal, permitiendo que las instituciones compartan directamente sus ingresos con sus jugadores. El proyecto establece un límite de 21,5 millones de dólares en ingresos compartidos por universidad, además de un fondo de retención que podría proporcionar hasta 27,5 millones de dólares adicionales bajo determinadas condiciones. Este mecanismo contribuyó a asegurar el apoyo de las dos principales conferencias del deporte universitario estadounidense, la Big Ten y la Southeastern Conference. Las universidades y conferencias también podrían agrupar sus derechos de transmisión televisiva para ampliar sus fuentes de ingresos.

La iniciativa también busca modificar el funcionamiento del portal de transferencias de la NCAA, ya que ha permitido que los jugadores cambien de universidad con mayor frecuencia y ha alterado la planificación de las plantillas. El proyecto limitaría a los deportistas a una transferencia sin tener que cumplir un año de inactividad dentro de un período de cinco años, con algunas excepciones, y establecería un máximo de cinco años de elegibilidad deportiva. Otras medidas incluyen restricciones para que los entrenadores abandonen sus instituciones durante la temporada, la obligación de que las universidades que cambien de conferencia permanezcan independientes durante tres años y un límite de 20 programas por conferencia. Estas disposiciones buscan frenar la expansión de las llamadas superligas y aportar mayor estabilidad a las competiciones deportivas universitarias.

Críticas al proyecto de ley y su futuro en el Congreso

A pesar del apoyo de legisladores de ambos partidos, la propuesta ha recibido críticas por el alcance de las protecciones que ofrece a los deportistas. Sus partidarios sostienen que la legislación reducirá los litigios, establecerá normas comunes y proporcionará nuevas protecciones laborales y sanitarias a cientos de miles de deportistas. Sin embargo, sus opositores consideran que el proyecto no aborda adecuadamente las desigualdades en la distribución de los recursos financieros dentro del deporte universitario. El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, ha criticado la iniciativa por limitar la proporción de ingresos que reciben los jugadores, mientras no impone restricciones equivalentes a los salarios de los entrenadores ni a las donaciones destinadas a los programas deportivos.

Las objeciones también se centran en los derechos laborales de los deportistas y su capacidad para organizarse colectivamente. Organizaciones como la NAACP, la AFL-CIO y el Congresional Black Caucus se han opuesto al proyecto, en parte porque no resuelve si los deportistas universitarios deben ser considerados empleados con derecho a la negociación colectiva. El senador Cory Booker, exjugador de fútbol americano de la Universidad de Stanford, también ha cuestionado las facultades que se otorgarían a la NCAA y su posible impacto en los deportistas, particularmente en los deportistas negros. En el ámbito legislativo, el proyecto aún debe pasar por la Cámara de Representantes, donde una propuesta anterior no logró avanzar durante el último año. El receso del Congreso hasta después de las elecciones de noviembre añade incertidumbre a su futuro, ya que las negociaciones tendrán que reanudarse en el próximo Congreso si el proyecto no recibe la aprobación de ambas cámaras antes de fin de año.