La decisión sobre el Manchester City llega cuando la Premier League ya ha cambiado su sistema de control financiero. La comisión independiente ha considerado probadas las infracciones graves correspondientes a nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18, pero el castigo sigue pendiente. Mientras el expediente aborda hechos cuyo periodo terminó hace más de ocho años, la liga inglesa ha estrenado en 2026/27 un modelo que busca detectar los excesos de gasto y aplicar las sanciones deportivas durante la propia temporada. La coincidencia permite examinar dos tiempos distintos de la regulación: investigar posibles irregularidades del pasado y supervisar la competición en curso.

Según las conclusiones publicadas, el City utilizó contratos que no reflejaban los acuerdos reales para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes. Parte de los importes registrados como patrocinios procedía de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd -ADUG-, propietario del club, mientras otros acuerdos permitían declarar gastos inferiores a los reales. La alteración conjunta de ingresos y costes superó los 900 millones de libras, según la Premier. Esa cifra describe el efecto de los mecanismos examinados, no una multa ni una cantidad gastada de más en fichajes. La comisión concluyó que unas cuentas correctamente declaradas habrían mostrado incumplimientos sustanciales de los límites financieros nacionales y europeos.

El tiempo de la investigación

La investigación comenzó en diciembre de 2018 y la Premier formuló su denuncia disciplinaria en febrero de 2023. La audiencia se celebró entre septiembre y diciembre de 2024, durante 42 días. En la decisión, la comisión reconoce que necesitó más tiempo del previsto para resolver y describe un expediente de gran volumen: la búsqueda documental abarcó millones de documentos y las transcripciones de los testimonios ocuparon unas 7.000 páginas. Esas dimensiones ayudan a explicar la duración del procedimiento, aunque la propia comisión lamenta la demora. El documento también distingue entre el trabajo de los representantes de ambas partes durante la audiencia, que valora positivamente, y los incumplimientos de cooperación que considera acreditados.

El desfase tiene consecuencias para la competición: cuando se resuelven infracciones de temporadas antiguas, las clasificaciones, el acceso a torneos europeos y los repartos económicos de esas campañas ya se han producido. Castigar una conducta y determinar cómo reparar sus posibles efectos son cuestiones distintas; el veredicto publicado no establece una nueva distribución de títulos o ingresos. Además, el resultado sigue sujeto a recurso. El City se declara inocente y sostiene que la decisión contiene errores jurídicos y de hecho. Por tanto, el análisis del tiempo transcurrido debe contemplar tanto la necesidad de una resolución como las garantías de defensa, sin equiparar la complejidad de este expediente con cualquier exceso ordinario de gasto.

Un modelo centrado en la plantilla

Los clubes aprobaron el nuevo marco en noviembre de 2025, antes de la publicación del veredicto, y su aplicación comenzó esta temporada. El cambio introduce la ratio de coste de plantilla —Squad Cost Ratio -SCR-—, que relaciona el gasto deportivo con los ingresos del fútbol y el resultado neto de las ventas de jugadores. Incluye salarios de futbolistas y del primer entrenador, comisiones de agentes y amortización de fichajes, es decir, el reparto contable del coste de una incorporación entre los años de su contrato. El anterior sistema de rentabilidad y sostenibilidad —Profitability and Sustainability Rules -PSR-— evaluaba el resultado financiero global sobre periodos móviles de tres años; el nuevo concentra el control en los recursos destinados a competir.

El umbral de referencia es el 85%, pero existe un margen adicional inicial de 30 puntos porcentuales antes de alcanzar el límite que activa las sanciones deportivas: el 115%. Ese margen se reduce cuando se utiliza, por lo que no permite repetir indefinidamente el mismo nivel de gasto. Por ejemplo, una ratio del 100% consume 15 puntos del margen y deja el límite de la siguiente temporada en el 100%. La supervisión incluye seguimiento en octubre y una evaluación el 1 de marzo, después del mercado de invierno. El objetivo declarado es aplicar las sanciones deportivas por superar el límite correspondiente en esa misma campaña. Los gravámenes económicos por utilizar el margen adicional comenzarán a aplicarse a incumplimientos de 2027/28.

Verificar los ingresos y resolver el expediente

El caso City permite observar otra cuestión: la capacidad de controlar el gasto también depende de la información que recibe el regulador. En un sistema que vincula el presupuesto deportivo a los ingresos, unas cifras sobrevaloradas pueden aumentar artificialmente el margen disponible. Esta es una implicación del mecanismo de cálculo, no una conclusión de que la nueva normativa vaya a impedir por sí sola acuerdos ocultos o declaraciones incorrectas. Los controles durante la temporada permiten examinar antes la relación entre recursos y costes; esclarecer de dónde procede el dinero o qué obligaciones reales contiene un contrato puede exigir una investigación adicional. La reforma modifica el seguimiento del gasto, pero no elimina la necesidad de verificar las cuentas.

El procedimiento del City continúa por una vía distinta de ese nuevo control de plantilla. El club dispone hasta el viernes 2 de octubre para recurrir las conclusiones y la comisión abordará la sanción en una audiencia posterior, privada y confidencial. Sus facultades incluyen multas, deducciones de puntos y otras medidas deportivas; todavía no se ha determinado cuál corresponde al caso. La Premier ha publicado una versión parcialmente censurada de la decisión y prevé divulgar más documentación cuando pueda hacerlo. Además, la sustitución de las reglas financieras conserva la capacidad de perseguir infracciones anteriores, por lo que el cambio de modelo no extingue los expedientes relativos a temporadas pasadas.