El Comité Olímpico Internacional ha disuelto 12 comisiones, entre ellas las dedicadas a los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, el programa olímpico y Olympism365. Anunciada el viernes 16 de octubre, la decisión plantea interrogantes sobre el futuro de estas áreas dentro del movimiento olímpico y sobre el rumbo que está tomando el propio COI.

La decisión debe analizarse como algo más que un cambio administrativo. El COI sostiene que los grupos de trabajo con mandatos claramente definidos ofrecen un mecanismo más eficaz y flexible para formular políticas y respaldar la toma de decisiones. Sin embargo, sustituir comisiones permanentes por estructuras con mandatos potencialmente más limitados también plantea dudas sobre la continuidad, la independencia y los criterios que determinarán qué asuntos reciben atención. El cambio se produce en un contexto de debate más amplio sobre la gobernanza del COI, la Carta Olímpica y el papel de las federaciones deportivas internacionales.

La cuestión central es si las nuevas estructuras mejorarán el funcionamiento del COI o concentrarán un mayor control sobre las políticas en manos de su dirección. Las comisiones permanentes ofrecen una estructura para examinar determinadas cuestiones a lo largo del tiempo, mientras que los grupos de trabajo pueden crearse para abordar objetivos específicos. Esa flexibilidad puede resultar útil, pero también hace especialmente importantes las garantías relativas a sus mandatos, composición y recomendaciones.

También debe examinarse el historial de las comisiones disueltas. Su existencia no garantizaba necesariamente que actuaran con independencia ni que alcanzaran los objetivos establecidos. Su contribución a la promoción del juego limpio, la lucha contra la discriminación y la protección de los derechos humanos de los deportistas debe evaluarse junto con la decisión del COI de sustituirlas. Si las comisiones no lograron abordar eficazmente los problemas persistentes, cabe preguntarse si la nueva estructura supondrá una mejora real o simplemente un cambio administrativo.

Muchos de los problemas que estas comisiones debían abordar siguen sin resolverse. En algunos países, las deportistas continúan sufriendo discriminación, mientras que otras personas encuentran restricciones para participar en el deporte debido a sus creencias religiosas o a su origen étnico. La imposición del hiyab, las controversias sobre los procedimientos de verificación del sexo y la segregación por género plantean cuestiones difíciles sobre los derechos de los deportistas y la igualdad de acceso al deporte. El dopaje constituye otro desafío persistente, relacionado con la integridad de la competición. La medida en que las antiguas comisiones abordaron estas cuestiones debe formar parte de cualquier evaluación de su desempeño.

La independencia será determinante para el funcionamiento del nuevo sistema. ¿Podrán los grupos de trabajo examinar las políticas existentes, plantear cuestiones incómodas y formular recomendaciones que cuestionen las decisiones de la dirección del COI? ¿Qué garantías asegurarán que los derechos humanos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación sigan siendo prioridades cuando finalice el mandato de un grupo? Sin mecanismos claros de transparencia, continuidad y rendición de cuentas, será difícil evaluar la eficacia de la nueva estructura.

Estas preocupaciones también están relacionadas con la evolución general de la gobernanza olímpica. El COI está revisando la organización de su trabajo y la configuración del programa olímpico, mientras que el lugar que ocupan las federaciones internacionales dentro del movimiento sigue siendo una cuestión relevante. El respaldo de Kirsty Coventry a un enfoque basado en las disciplinas deportivas para configurar el programa olímpico añade otro elemento al debate sobre cómo se establecen las prioridades deportivas. En conjunto, estos cambios plantean una cuestión más amplia: dónde reside la autoridad dentro del movimiento olímpico y cómo se representan los intereses de los deportistas, las federaciones y otros actores.

Una organización más reducida y ágil puede ayudar al COI a responder a determinados desafíos y gestionar sus responsabilidades con mayor eficiencia. Sin embargo, la eficiencia no garantiza por sí sola la transparencia ni la rendición de cuentas, del mismo modo que una estructura administrativa más pequeña no asegura una mayor protección para los deportistas. La cuestión central es cómo ejercerá el COI su autoridad y cumplirá sus responsabilidades más allá de la organización de los Juegos Olímpicos.

La disolución de las 12 comisiones no demuestra, por sí sola, que el COI pretenda abandonar esas responsabilidades. Sí plantea, no obstante, interrogantes sobre cómo se mantendrán bajo las nuevas estructuras. La prueba será si los grupos de trabajo pueden garantizar un seguimiento continuado, abordar problemas de larga duración y asegurar que los derechos humanos, la igualdad y la rendición de cuentas sigan siendo elementos esenciales del movimiento olímpico. En última instancia, la reforma debe juzgarse no por la estructura que el COI establezca, sino por los resultados que consiga.