A menos de cinco años de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en los Alpes franceses, el Senado de Francia ha dado un paso clave al aprobar en primera lectura un proyecto de ley destinado a acelerar los preparativos. La legislación, respaldada por la ministra de Deportes Marie Barsacq, busca replicar y adaptar medidas ya utilizadas para los Juegos de París 2024, con el objetivo de garantizar que las obras y protocolos estén listos a tiempo para el evento multideportivo de 2030.

La iniciativa contempla la agilización de procedimientos administrativos, la aceleración de obras como una villa olímpica y una pista de hielo en Niza, y nuevas disposiciones de seguridad. Sin embargo, no ha estado exenta de críticas, particularmente por parte del Grupo Verde, que se opuso al texto citando preocupaciones medioambientales y económicas. La Asamblea Nacional examinará la propuesta en otoño, en un contexto de creciente debate público sobre los costos reales de organizar los Juegos.

Una ley entre urgencias logísticas y cuestionamientos económicos

El proyecto aprobado por la cámara alta revive medidas excepcionales empleadas para París 2024, como exenciones a licencias urbanísticas y facultades de expropiación de emergencia. También introduce herramientas nuevas, especialmente diseñadas para el contexto montañoso de las regiones anfitrionas: Saboya, Alta Saboya, Costa Azul y Briançonnais. Entre las disposiciones más controvertidas destacan el uso extendido de cámaras de vigilancia algorítmicas hasta 2027 y la posibilidad de registrar vehículos durante eventos masivos, lo que ha generado inquietud en sectores de izquierda.

El debate ha ganado fuerza tras la publicación, por parte del Tribunal de Cuentas francés, de una primera estimación del gasto público en los Juegos de París: 6.000 millones de euros, revelados el pasado 23 de junio. Esta cifra ha avivado el escepticismo sobre el verdadero impacto financiero de albergar eventos olímpicos, especialmente cuando aún no hay claridad sobre el presupuesto definitivo para los Juegos de Invierno. Aunque el Senado rechazó una cláusula que habría permitido a las regiones garantizar financieramente al comité organizador, el tema económico seguirá marcando la discusión política y ciudadana en los próximos meses.