Nueve países de la Unión Europea han encontrado una forma directa de presionar al COI y a las federaciones internacionales desde que la institución olímpica abriera la mano para el regreso de Rusia y Bielorrusia al escenario deportivo mundial: retirarles la financiación pública. La iniciativa, propuesta la semana pasada, abre un precedente que puede alterar la relación entre gobiernos e instituciones deportivas. Mientras, Ucrania clama por la decisión viendo que continúan haciendo frente a la invasión rusa.

Estonia, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia pidieron a la Comisión Europea que excluya al COI, World Aquatics y la Federación Internacional de Esgrima de Erasmus+ y de otros programas comunitarios. Los nueve gobiernos rechazan las decisiones que han permitido recuperar la participación de deportistas rusos y bielorrusos y consideran que ignoran la situación de los atletas ucranianos.

Sin hacer pública la cantidad económica amenazada, los países firmantes no detallaron qué proyectos concretos quedarían afectados y más allá de ese impacto destaca cómo se quiere convertir una discrepancia política (grave, en este caso) en una condición para acceder a fondos europeos.

La autonomía no garantiza la subvención

El COI y las federaciones internacionales están en su pleno derecho a regular sus competiciones. Esa autonomía protege al deporte frente a gobiernos que pretenden elegir dirigentes, modificar reglamentos o utilizar las selecciones nacionales como una extensión del poder político.

Del mismo modo que también los gobiernos tienen derecho a decidir cómo gastan el dinero de sus ciudadanos. Una organización deportiva puede tomar una decisión independiente y asumir después que esa decisión tiene consecuencias económicas. La autonomía protege su capacidad para elegir; no crea un derecho automático a recibir financiación pública.

En el caso concreto de Erasmus+ es un programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte. Sus acciones deportivas promueven, entre otros aspectos, la inclusión, la integridad y los valores europeos. La Comisión puede exigir coherencia entre esos objetivos y las organizaciones que reciben sus fondos. Una amenaza sobre subvenciones podría obligar a revisar proyectos, presupuestos y alianzas.

¿Un precedente para el futuro?

Rusia y Bielorrusia representan el primer gran caso, pero el mecanismo puede utilizarse en otros conflictos. Derechos humanos, igualdad, sostenibilidad, integridad o relaciones con determinados gobiernos pueden convertirse también en condiciones para recibir fondos. Y todo ello es lícito: las organizaciones deportivas conservan la libertad para decidir dentro de sus competencias y las instituciones públicas conservan la libertad para financiar únicamente los proyectos que encajan con sus principios.

Al final, la autonomía del deporte termina donde empieza el dinero público porque una subvención nunca es neutral. Quien acepta fondos de una institución también acepta que esa institución evalúe cómo se utilizan y qué valores está ayudando a sostener.

*Recordemos que el argumento del COI para este cambio de posición con respecto a Rusia y Bielorrusia es que Rusia dejó de incluir como miembros a organizaciones deportivas regionales situadas en territorios bajo jurisdicción ucraniana, resolviendo así la violación directa de la Carta Olímpica. A ojos de estos países de la UE, esto es lo de menos y lo que más le influye en su decisión es que Rusia continúa su invasión a Ucrania.