La NBA ha concluido que Los Angeles Clippers ayudaron a Kawhi Leonard a recibir decenas de millones de dólares mediante contratos con cuatro patrocinadores y proveedores de la franquicia: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance. Según la investigación independiente realizada por Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, el equipo facilitó los acuerdos, ofreció negocio a las empresas para que los aceptaran y pagó gastos personales del jugador y sus representantes. Ese dinero no figuraba en el contrato de Leonard ni se contabilizaba dentro del límite salarial, la norma que restringe cuánto puede destinar cada equipo a su plantilla. La gravedad reside ahí: si una franquicia puede completar el sueldo de una estrella mediante empresas relacionadas, el propietario con más recursos puede realizar una oferta imposible de igualar sin que aparezca en sus cuentas deportivas. La liga sancionó a los Clippers con 30 millones de dólares, cinco primeras rondas del ‘draft’ y cinco años de supervisión; suspendió durante un año al propietario, Steve Ballmer, y a la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker; y apartó durante seis meses al presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank.

Leonard, en cambio, deberá pagar 700.000 dólares, pero no ha recibido ningún partido de suspensión, conserva su contrato y sus derechos ‘Bird’ y puede completar el traspaso acordado para regresar a los Toronto Raptors. El contraste es difícil de ignorar: los Clippers pierden dinero, dirigentes y buena parte de su futuro deportivo, mientras el jugador que obtuvo los ingresos irregulares puede abandonar la franquicia con su relación contractual intacta. ¿Ha distribuido correctamente la NBA las responsabilidades o ha concentrado casi todo el castigo en el equipo? ¿Refuerza la contundencia contra los Clippers la credibilidad de la competición o la debilita que su principal beneficiario salga prácticamente indemne?

El castigo que no se mide en dólares

El daño más duradero para los Clippers quizá no sea económico ni siquiera deportivo, sino reputacional. Ballmer compró la franquicia en 2014 por 2.000 millones de dólares después del escándalo racista que terminó con la etapa de Donald Sterling. Desde entonces, el club invirtió en una plantilla aspirante, alcanzó en 2021 la primera final de conferencia de su historia y construyó el Intuit Dome, un pabellón propio valorado en unos 2.000 millones. El proyecto pretendía dejar atrás décadas de derrotas, desorganización y comparaciones desfavorables con los Lakers. La resolución introduce ahora una identificación distinta, pero igualmente difícil de borrar: la de una franquicia que hizo trampas para pagar a su principal estrella. Los Clippers rechazan las conclusiones, califican la investigación de parcial y anuncian que agotarán las vías disponibles para combatirlas, pero esa respuesta no elimina el impacto público de la decisión.

La pérdida de cinco primeras rondas convierte además la sanción en un problema que atravesará varias temporadas. Los Clippers se quedan sin una elección en cada ‘draft’ entre 2029 y 2033 cuando ya habían comprometido otros derechos en las operaciones realizadas para incorporar a Paul George y James Harden. El traspaso pactado con Toronto puede devolverles dos primeras rondas sin protección, pero la regla Stepien —que impide dejar a un equipo sin elecciones de primera ronda en dos años consecutivos mediante traspasos— limitará su utilización en nuevas operaciones. La franquicia podrá recurrir al espacio salarial y fichar agentes libres, pero tendrá prácticamente cerrada hasta 2033 la vía convencional para rejuvenecer el equipo mediante el ‘draft’ o emplear sus elecciones como moneda de cambio. El auténtico castigo no consiste en los 30 millones, una cantidad asumible para Ballmer, sino en haber condicionado la siguiente reconstrucción antes incluso de iniciarla.

Una sanción económica irrisoria

La investigación calcula que Leonard recibió 66 millones de dólares a través de los cuatro acuerdos comerciales facilitados por la franquicia. Frente a esa cantidad, los 700.000 que debe abonar representan el 1,4% de los 50,3 millones de su salario para esta temporada y apenas el 0,46% de la extensión máxima de 149,5 millones que firmó en enero de 2024. Tampoco tiene que devolver todos los ingresos obtenidos, pierde su contrato ni queda apartado de la competición. Podrá cerrar su etapa en Los Ángeles y regresar al equipo con el que fue campeón en 2019, mientras deja detrás una organización sin cinco primeras rondas y con sus máximos responsables suspendidos. En términos materiales y deportivos, Leonard aparece paradójicamente como uno de los grandes vencedores del caso, aunque su reputación quede inevitablemente unida a él.

Parte de la diferencia se explica por el convenio colectivo. El acuerdo entre la NBA y la National Basketball Players Association -NBPA- fija en 350.000 dólares la multa máxima a un jugador por cada infracción de las reglas contra la elusión salarial. Los 700.000 dólares aplicados a Leonard equivalen, por tanto, a dos sanciones máximas. Del mismo modo, los 30 millones impuestos a los Clippers corresponden a cuatro multas de 7,5 millones, el límite previsto para cada incumplimiento de la franquicia. Sin embargo, el convenio también permitía anular el contrato implicado, recuperar determinados beneficios o impedir futuros acuerdos entre jugador y equipo. La NBA decidió no emplear esas herramientas y pactó con el sindicato que las sanciones fueran definitivas y vinculantes. Leonard sostiene que actuó de buena fe, sin conocer ninguna intención de vulnerar el límite salarial, y acepta la responsabilidad por los errores cometidos dentro de su círculo. Su tío y antiguo representante, Dennis Robertson, ha quedado apartado durante cinco años de cualquier relación comercial con las franquicias de la liga.

El límite salarial también forma parte del juego

El límite de la NBA es flexible: admite excepciones, permite superar determinadas cantidades y aplica impuestos y restricciones adicionales a los equipos que más gastan. Lo que no permite es esconder una parte de la remuneración de un jugador bajo un contrato publicitario organizado por su propia franquicia. Leonard podía firmar libremente acuerdos con empresas externas; los Clippers no podían buscar esas oportunidades, inducir a sus socios a concedérselas y compensarlos después mediante nuevos negocios. Esa diferencia protege algo más importante que una norma contable. Si Ballmer, el propietario más rico de la competición, pudiera utilizar su patrimonio y la red comercial del club para pagar por fuera del sistema, el límite dejaría de equilibrar las ofertas y se convertiría en una barrera únicamente para los equipos con menos recursos. Adam Silver se enfrentó al dueño económicamente más poderoso de la NBA y le impuso las sanciones que realmente podían afectarle: elecciones, suspensiones y control institucional, además de una multa que por sí sola difícilmente actuaría como elemento disuasorio.

La liga también tuvo en cuenta que los Clippers ya habían sido sancionados en 2015 por infringir estas reglas durante el caso de DeAndre Jordan y que recibieron una advertencia después de otra investigación sobre la llegada de Leonard en 2019. Desde esa perspectiva, la respuesta resulta difícilmente más severa contra la franquicia: cinco primeras rondas, cuatro multas máximas, la suspensión de Ballmer y sus dos principales ejecutivos y un programa de vigilancia durante cinco años. La NBA ha protegido su credibilidad al investigar y castigar a uno de sus propietarios más poderosos, pero el reparto final deja un precedente incómodo. Si el jugador conserva el dinero, el contrato y la posibilidad de empezar de nuevo en otro equipo, el incentivo para que sus representantes vuelvan a exigir lo que quieran no desaparece por completo. La competición ha dejado claro cuánto puede costarle la trampa a una franquicia; todavía resulta menos evidente cuánto debe costarle a quien se beneficia de ella, aunque su reputación es una parte aún por valorar.