En un contexto marcado por el creciente debate social sobre la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas, el gobierno federal estadounidense, bajo la dirección de la Administración Trump, ha presentado una demanda legal contra el estado de California. La acción legal fue anunciada luego de la firma de una orden ejecutiva que prohíbe la inclusión de personas de género diverso en categorías deportivas femeninas, y alega que el estado gobernado por Gavin Newsom está violando la ley federal al permitir esta práctica en el ámbito escolar.
El Departamento de Justicia argumenta que la participación de estudiantes trans en equipos femeninos pone en desventaja y en riesgo a las atletas cisgénero, acusando a las autoridades californianas de infringir el Título IX, una normativa de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos con fondos federales. La demanda también amenaza con retirar el financiamiento federal asignado al sistema educativo estatal, que asciende a más de 38.000 millones de euros para el año fiscal 2025.
Un nuevo frente en la disputa entre la Casa Blanca y Sacramento
La ofensiva judicial se suma a una serie de acciones emprendidas por la Administración Trump para limitar la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. En su presentación, el Departamento de Justicia asegura que entidades como el Departamento de Educación de California y la Federación Interescolar del estado están incumpliendo las disposiciones federales en materia de igualdad educativa. Desde Sacramento, un portavoz del gobernador Newsom defendió la legalidad de las regulaciones estatales, las cuales se amparan en una ley de 2013 que reconoce el derecho de los estudiantes a competir según su identidad de género.
La medida ha provocado reacciones críticas de grupos de derechos civiles y defensores de la comunidad LGBTQ+, quienes califican la demanda de “infundada” y “motivada políticamente”. Según Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, se trata de un intento de intimidar a los estados que no se alinean con la agenda conservadora del presidente. En paralelo, la Casa Blanca ha tomado medidas similares en otros estados como Maine, Oregón y Pensilvania, además de promover ante la Corte Suprema casos que buscan validar leyes restrictivas como las de Idaho y Virginia Occidental. Con más de veinte estados adoptando normativas similares, la batalla legal por el deporte femenino se perfila como uno de los ejes centrales del actual ciclo político en Estados Unidos.
