La Agencia Mundial Antidopaje decidió hace unos días posponer una resolución que podría haber abierto un frente institucional sin precedentes: la posibilidad de vetar a representantes gubernamentales de grandes eventos deportivos si sus países retienen de forma voluntaria sus contribuciones económicas. La medida, que apuntaba directamente a Estados Unidos, queda ahora aplazada, al menos, hasta después del Mundial de fútbol de este verano.

El comité ejecutivo de la AMA optó por trasladar el debate a septiembre, dos meses después de la final del torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. Una decisión que, afortunadamente, evita situar el foco político en pleno calendario deportivo internacional.

Un conflicto que trasciende el deporte

El trasfondo económico es el principal argumento ya que Estados Unidos lleva sin abonar su cuota desde 2023, acumulando cerca de 7,3 millones de dólares retenidos como protesta por la gestión de AMA en casos como el de los nadadores chinos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una disputa administrativa ha evolucionado hacia un escenario más complejo, donde se cruzan intereses políticos, diplomáticos y deportivos. Otra vez, los roces entre EEUU y China salpican al mundo, en este caso del deporte.

La propuesta que estudia AMA contempla sanciones inéditas, como la de impedir la presencia de cargos públicos en eventos como los Juegos Olímpicos. En el caso estadounidense, esto abriría la puerta a que haya representantes políticos vetados en unos Juegos celebrados en su propio país, como los de Los Ángeles 2028.

Dudas sobre la aplicación real

Más allá del impacto simbólico, la viabilidad de una medida así lleva a la pregunta de su, realmente, un organismo antidopaje puede impedir la asistencia de dirigentes políticos a unos Juegos Olímpicos. El propio portavoz del organismo, James Fitzgerald, había asegurado previamente que la norma no tendría carácter retroactivo, lo que excluiría eventos como el Mundial o los Juegos de Los Ángeles. Sin embargo, esa aclaración no aparece reflejada en los documentos conocidos, lo que añade incertidumbre a un proceso ya de por sí delicado.

El equilibrio entre financiación y gobernanza

Desde la AMA se insiste en que la cuestión va más allá de Estados Unidos. Olivier Niggli, director general, subrayó que la retención de fondos por motivos políticos supone “un problema serio” para todos los actores implicados. La estabilidad financiera, advierte, afecta directamente al funcionamiento del sistema global antidopaje.

La decisión final no solo dependerá del comité ejecutivo. Cualquier medida deberá ser ratificada por la junta fundacional de AMA, cuyo próximo encuentro está previsto para noviembre.