La Federación Internacional de Fútbol -FIFA- ha pedido a un tribunal federal del sur de Florida, en Estados Unidos, que rechace la solicitud de documentos y testimonios presentada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol -UEFA- sobre el proyecto abandonado FIFA Forward Enterprise -FFE-. La confederación europea busca información para una posible denuncia penal en Suiza relacionada con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y la preparación de aquella operación. Según informó ‘Reuters’ este 29 de septiembre, FIFA rechaza las acusaciones y atribuye la iniciativa a una “campaña de desinformación” destinada a influir en sus próximas elecciones. La respuesta profundiza un enfrentamiento que ya trasciende la retirada del proyecto y sitúa ante un órgano judicial externo la disputa sobre el acceso a información de la federación.

El procedimiento estadounidense comenzó con la solicitud de UEFA del 27 de agosto y se dirige contra FIFA Americas y FWC2026 US, dos entidades del grupo establecidas en Florida. Se ampara en la sección 1782 de la legislación federal, que permite solicitar documentos y declaraciones para utilizarlos en procedimientos ante autoridades judiciales extranjeras. Esa vía puede alcanzar investigaciones anteriores a una acusación formal, aunque corresponde al tribunal examinar si se cumplen sus requisitos y autorizar, limitar o rechazar la petición. Lo que se discute en esta fase es la obtención de pruebas. El tribunal estadounidense no está juzgando la responsabilidad penal de Infantino, y la intención de UEFA de presentar una denuncia en Suiza no equivale a que exista ya una causa penal abierta contra él por estos hechos.

Los documentos que busca UEFA

FFE planteaba trasladar derechos comerciales vinculados a los Mundiales masculino y femenino y al Mundial de Clubes a una nueva filial con participación de inversores privados. FIFA defendía la operación como una fórmula para generar recursos adicionales destinados al desarrollo del fútbol. Su retirada, después de la oposición de distintas confederaciones y asociaciones, frenó el proyecto, pero no resolvió las discrepancias sobre su preparación. Para UEFA, sigue siendo necesario conocer cómo se elaboró la propuesta, quién participó en las negociaciones, qué información recibieron los responsables federativos y cómo se justificaron sus condiciones económicas.

En su solicitud judicial, UEFA sostiene que el proyecto se desarrolló sin una consulta adecuada a los órganos de gobierno y cuestiona tanto la valoración de los activos como el procedimiento seguido. La confederación pretende obtener documentación y testimonios que permitan examinar esas decisiones y fundamentar la eventual denuncia. Son alegaciones de una de las partes, no hechos establecidos por un tribunal. El desacuerdo tiene, además, una dimensión institucional: UEFA forma parte de la estructura de FIFA y cuenta con representación en su Consejo, pero ha recurrido a un mecanismo judicial externo para acceder a información sobre una iniciativa de la presidencia. La cuestión inmediata es qué material podrá obtener y bajo qué condiciones podrá utilizarlo.

FIFA rechaza las acusaciones

FIFA niega que Infantino buscara un beneficio económico personal y sostiene que UEFA presenta afirmaciones falsas o engañosas. Su defensa distingue entre desarrollar una propuesta y aprobar una operación: argumenta que FFE habría necesitado pasar por las estructuras institucionales correspondientes antes de ejecutarse. También discute la interpretación económica de la confederación europea. Según la respuesta recogida por ‘Reuters’, los aproximadamente 20.000 millones de dólares aludidos por UEFA correspondían al valor del capital para los accionistas, mientras que el valor total de la empresa superaba los 30.000 millones. FIFA utiliza esa diferencia para rechazar la comparación planteada por UEFA; la discrepancia sobre la valoración forma parte de las posiciones enfrentadas, sin que el tribunal la haya resuelto.

La federación incorpora también una acusación electoral: considera que la actuación de UEFA pretende influir en la próxima elección presidencial, en la que Infantino aspira a continuar al frente de la organización. En su escrito vincula la solicitud de documentos con ese calendario y pide al tribunal que rechace lo que presenta como un intento de interferencia. Esa finalidad política es la interpretación de FIFA, no una conclusión judicial sobre los motivos de UEFA. La confederación europea declinó comentar las nuevas acusaciones. El cruce de posiciones añade así a la discusión sobre FFE otra controversia: si las actuaciones emprendidas responden a una exigencia de rendición de cuentas, como plantea UEFA, o a una ofensiva contra la dirección, como sostiene FIFA.

Una revisión interna y un frente judicial

El enfrentamiento coincide con la propuesta de Infantino de someter la gobernanza de FIFA a una evaluación externa e independiente. En una carta enviada el 21 de septiembre al Consejo y a las 211 asociaciones miembro, planteó revisar el marco de decisión aplicable a las grandes iniciativas estratégicas y abrir consultas sobre posibles mejoras. Entre los asuntos figuran las funciones de la presidencia, el Bureau, el Consejo y el Congreso, así como la participación y la transparencia. Sobre FFE, Infantino defendió que seguía siendo “una propuesta, no una decisión” y que estaba sujeto a las aprobaciones necesarias. Su planteamiento mantiene, por tanto, dos posiciones simultáneas: admite la posibilidad de reforzar los procedimientos y rechaza que la preparación de la operación implique las irregularidades que denuncia UEFA.

La revisión propuesta y la solicitud judicial tienen finalidades diferentes, pero ambas afectan al acceso a información y al control de las decisiones. La primera examinaría el funcionamiento institucional y formularía recomendaciones; la segunda busca documentación sobre una operación concreta para su posible utilización ante las autoridades suizas. Su coexistencia plantea una cuestión de alcance: qué podrá esclarecer la evaluación encargada por FIFA sobre un desacuerdo que ya se tramita fuera de sus órganos, y si incluirá el proceso seguido con FFE además de las reglas para futuras iniciativas. El contenido del encargo, la documentación disponible y el tratamiento de sus resultados serán elementos necesarios para valorar esa revisión. El Consejo tiene prevista una reunión el 15 de octubre para abordar las propuestas de gobernanza, mientras el procedimiento estadounidense debe resolver la petición de acceso a pruebas.