Más de 80 organizaciones vinculadas al deporte y a los derechos humanos han levantado la voz frente a una posibilidad que consideran profundamente regresiva: la implementación de pruebas genéticas para determinar el sexo de las atletas en el alto rendimiento. En el centro del debate se encuentra el Comité Olímpico Internacional, señalado por estos grupos como el impulsor de una discusión que vuelve a poner en tensión conceptos como equidad, inclusión y dignidad dentro del deporte global.

Lo que en apariencia es una discusión técnica, se transforma rápidamente en un debate humano. Las organizaciones advierten que este tipo de medidas no solo afectaría a atletas transgénero e intersexuales, sino que abriría la puerta a controles invasivos sobre el cuerpo de todas las mujeres deportistas. En ese contexto, el reclamo no se limita a una decisión puntual, sino a lo que representa simbólicamente: un posible retroceso en derechos dentro del deporte.

Un debate que trasciende lo deportivo

El origen de esta controversia radica en las recomendaciones atribuidas a un grupo de trabajo del COI enfocado en la protección de la categoría femenina. Según denuncian organizaciones como Sport & Rights Alliance e ILGA World, este espacio habría sugerido la implementación de pruebas genéticas obligatorias para definir la elegibilidad de las atletas, lo que implicaría excluir a deportistas transgénero e intersexuales de la competencia femenina.

Las críticas apuntan tanto al fondo como a la forma. Por un lado, se cuestiona la base científica y ética de estas pruebas, recordando que el propio COI decidió en 1996 suspender los test universales de verificación de sexo por considerarlos injustificables. Por otro, se denuncia la falta de transparencia en el proceso actual, lo que alimenta la sensación de que se está avanzando hacia decisiones que podrían redefinir las reglas del deporte sin un consenso amplio ni una participación real de las atletas afectadas.

Derechos humanos, identidad y el rol del deporte

Las organizaciones firmantes sostienen que este tipo de políticas tendría un impacto directo en la seguridad, la privacidad y la dignidad de las deportistas. Desde voces como la de Andrea Florence, de la Sport & Rights Alliance, hasta activistas como Julia Ehrt, el argumento es claro: el control sobre el cuerpo femenino, bajo criterios biológicos estrictos, puede derivar en prácticas discriminatorias que trascienden el ámbito competitivo.

Además, advierten que este posible cambio marcaría una ruptura con el Marco de Equidad, Inclusión y No Discriminación impulsado por el propio COI en 2021, un documento que buscaba precisamente ampliar la participación y proteger a los atletas frente a la discriminación. En esa tensión entre regulación y derechos, también han surgido voces como la de Francine Niyonsaba, quien ha pedido que el deporte internacional no se convierta en un espacio de exclusión institucionalizada, sino en uno donde las identidades puedan coexistir sin ser sometidas a cuestionamientos invasivos.