Redadas de contratación, escándalos urbanísticos y arrestos mafiosos sacuden los preparativos de los Juegos de Invierno en Italia.

Lo que comenzó en mayo de 2024 como una revisión rutinaria de documentos de contratación se ha convertido en una de las crisis legales y políticas más complejas en torno a un evento olímpico moderno en Italia. Las investigaciones de corrupción vinculadas a los Juegos de Invierno Milán–Cortina 2026 abarcan ahora las oficinas de la fundación organizadora, el Ayuntamiento de Milán y el ámbito del crimen organizado en Cortina d’Ampezzo.

Dieciocho meses después, estas pesquisas se han transformado en una prueba de todo el sistema sobre la gobernanza, la transparencia y la supervisión internacional de la preparación olímpica.

El primer punto de inflexión ocurrió el 21 de mayo de 2024, cuando la Guardia di Finanza, policía financiera italiana, llevó a cabo registros coordinados en la sede de la Fondazione Milano–Cortina 2026. Los investigadores se centraron en contratos de servicios digitales, incluyendo plataformas de venta de entradas y sistemas de información. Aunque no se produjeron detenciones, la operación marcó el inicio oficial de la investigación judicial sobre si ciertos concursos habían sido manipulados o adjudicados de manera irregular. De inmediato surgieron dudas sobre la cultura de contratación de la fundación y su control sobre cientos de millones de euros de fondos públicos y privados.

En los meses siguientes, los fiscales analizaron contratos y comunicaciones internas, descubriendo inconsistencias que involucraban a exdirectivos y empresas tecnológicas. A principios de 2025, la atención se amplió más allá de los contratos hacia los procedimientos de evaluación de las ofertas, un punto central en las licitaciones públicas italianas, donde las violaciones de la competencia pueden derivar en cargos incluso sin evidencia directa de soborno.

La investigación tomó un giro político en julio de 2025. Los fiscales de Milán abrieron otra pesquisa sobre desarrollos inmobiliarios y aprobaciones urbanísticas, implicando a más de setenta personas. La investigación se centró en la posible aceleración indebida de permisos de construcción y en las relaciones entre promotores y funcionarios municipales. Varios de los proyectos bajo escrutinio estaban vinculados directa o indirectamente al Pueblo Olímpico y a la infraestructura asociada. El alcalde Giuseppe Sala negó públicamente cualquier irregularidad, pero la investigación generó un escándalo alrededor del Ayuntamiento, obligando a políticos nacionales y al Comité Olímpico Italiano a defender la integridad de los preparativos.

La crisis se profundizó en octubre de 2025, cuando los Carabinieri y la Dirección Antimafia ejecutaron órdenes de arresto en Cortina d’Ampezzo. Tres sospechosos, incluidos dos hermanos vinculados a una red organizada de Roma, fueron detenidos por presunta intimidación, amenazas y violencia para controlar el acceso a los recintos olímpicos y los contratos comerciales relacionados. Los fiscales describieron sus acciones como extorsión al estilo mafioso destinada a apoderarse de los espacios del evento y de la economía de servicios local. Los arrestos cambiaron la narrativa de mala administración a infiltración del crimen organizado, un fenómeno que Italia ha enfrentado durante décadas.

A estas alturas, tres investigaciones distintas pero conectadas estaban en curso: la de contrataciones de la fundación, el caso urbanístico y la investigación criminal en Cortina. Cada una sigue su propio proceso judicial y ninguna ha producido condenas finales. Sin embargo, juntas han creado un clima de incertidumbre y desconfianza alrededor de los Juegos de Invierno 2026.

Los escándalos también han puesto la mirada sobre la estructura de gobernanza de la fundación organizadora, donde miembros del Comité Olímpico Internacional ocupan cargos formales. Algunos integran la junta de la fundación y la Comisión de Coordinación del COI, que supervisa los preparativos. Aunque ningún miembro del COI enfrenta procedimientos judiciales, su cercanía a la gestión del evento plantea preguntas sobre supervisión y transparencia.

Los riesgos operativos son altos. Las revisiones de contrataciones pueden retrasar adjudicaciones, las investigaciones urbanísticas pueden frenar permisos y las acciones contra la mafia pueden obligar a reemplazar proveedores. Cada retraso añade presión a los organizadores que trabajan para completar la infraestructura en dos regiones. Autoridades públicas, patrocinadores y emisoras han invertido miles de millones, confiando en un desarrollo sin contratiempos a menos de un año de la ceremonia de apertura.

Las autoridades italianas han tratado de proyectar calma. La Fondazione Milano–Cortina se comprometió a cooperar plenamente con los investigadores, insistiendo en que el cronograma del proyecto se mantiene. El gobierno ha asegurado que los Juegos se celebrarán según lo previsto, presentando las investigaciones como prueba de que los mecanismos de control funcionan. Aun así, la sombra de la corrupción y la infiltración criminal tan cerca de un evento global no puede ignorarse.

Las investigaciones de Milán–Cortina 2026 reflejan tres desafíos persistentes en Italia, la opacidad burocrática, la fragilidad política y la influencia duradera del crimen organizado. Aunque no se han implicado miembros del COI y no existen condenas, el patrón revela debilidades sistémicas que los organizadores y sus socios internacionales deberán enfrentar.

Si los procesos judiciales continúan en 2026, Italia albergará sus Juegos de Invierno bajo una nube de incertidumbre, equilibrando el espectáculo deportivo con las demandas de rendición de cuentas. El resultado dependerá no solo de los tribunales, sino también de si los líderes toman medidas para corregir las vulnerabilidades que esta prolongada investigación ha puesto al descubierto.

Nota del editor: Este artículo se basa en expedientes judiciales, registros de la policía financiera italiana y reportes verificados de fuentes oficiales y nacionales