El histórico All England Lawn Tennis Club recibió un importante respaldo legal para continuar con su plan de expansión, tras la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó el recurso presentado por el grupo activista Save Wimbledon Park (SWP). La decisión permite al club avanzar con la construcción de 39 nuevas canchas, incluida una cancha de exhibición con capacidad para 8.000 espectadores, en los terrenos del antiguo campo de golf de Wimbledon Park. El fallo judicial refuerza el permiso de planificación otorgado en 2024, desatando un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de cuatro años.
Mientras los organizadores celebran el dictamen como un paso clave para consolidar el prestigio del Grand Slam británico, los opositores advierten sobre un precedente legal “preocupante” para el desarrollo de espacios verdes protegidos. Las tensiones giran en torno a la legalidad del uso del terreno, originalmente adquirido en 1993 con restricciones que limitaban su uso al ocio y la recreación. A pesar del fallo favorable al club, el grupo SWP anunció que continuará su lucha en tribunales, con una audiencia adicional prevista para enero de 2026.
Entre beneficios y controversias: el impacto del proyecto de ampliación
Según el All England Club, el proyecto no solo beneficiará a los jugadores al ofrecer instalaciones de primer nivel, sino que también abrirá al público una gran parte del terreno que ha sido privado durante más de un siglo. Deborah Jevans, presidenta del club, destacó que la expansión permitirá establecer una sede permanente para las fases clasificatorias del torneo y, al mismo tiempo, entregar 23 acres de nuevo parque para los residentes locales. Desde el gobierno, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, respaldó la iniciativa, señalando que consolidará a Wimbledon como la mayor competición de tenis del mundo y aportará beneficios económicos, sociales y ambientales a la ciudad y al país.
No obstante, los opositores al proyecto, liderados por Save Wimbledon Park, insisten en que la expansión vulnera protecciones legales del espacio verde y amenaza con diez años de interrupciones para los barrios cercanos. El grupo argumenta que el estatus legal del parque y un fideicomiso aún vigente impiden su transformación, y han recaudado 200.000 libras para sostener sus acciones legales. A pesar del revés judicial, los activistas buscan que el club reconsidere su postura y colabore en una solución que respete el carácter público del terreno. La polémica, que combina tensiones urbanas, legales y ambientales, está lejos de concluir.
