La ejecución del luchador iraní de 19 años, Saleh Mohammadi, ha intensificado la preocupación internacional por la masacre en curso de protestas antigubernamentales en Irán y el trato a los atletas dentro del país.

Mohammadi, considerado un joven talento prometedor y competidor a nivel nacional, había representado a Irán en eventos internacionales de lucha, incluida la Copa Saitiev 2024 en Rusia. Fue arrestado durante las protestas de enero y posteriormente acusado de participar en un incidente el 8 de enero en el que un policía murió durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Durante el juicio, Mohammadi negó todas las acusaciones, rechazando las alegaciones de que formara parte de algún grupo responsable de la muerte del oficial. También afirmó que su confesión fue obtenida bajo tortura. Según allegados, las imágenes de CCTV presentadas en el tribunal no lo identificaban claramente, y las autoridades negaron la comparecencia de testigos de la defensa que podrían acreditar que él se encontraba en casa de un familiar en el momento del incidente.

Miembros de la comunidad de lucha iraní, incluidos entrenadores y compañeros de equipo, también defendieron a Mohammadi, asegurando que nunca había mostrado conductas violentas ni portado armas.

Su caso ya había atraído la atención internacional antes de su ejecución, con United World Wrestling expresando su preocupación. Sin embargo, hasta ahora no ha habido reacción pública por parte de los representantes de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Nacional de Irán, incluida Soraya Aghaei, quien recientemente fue nombrada miembro del International Olympic Committee.

Soraya Aghaei y el Comité Olímpico de Irán

La ejecución ha renovado el escrutinio sobre la relación entre el Comité Olímpico Internacional y los funcionarios iraníes. En las últimas semanas, más de 200 atletas iraníes han publicado cartas abiertas dirigidas al IOC, solicitando mayor rendición de cuentas. Las cartas mencionan a altos cargos dentro de las estructuras olímpicas y paralímpicas de Irán, alegando vínculos cercanos con la Islamic Revolutionary Guard Corps, y cuestionan la continua colaboración del IOC con estas autoridades.

El destino de Mohammadi ha sido comparado con el de Navid Afkari, otro luchador iraní ejecutado tras participar en protestas. Afkari también retiró su confesión en el juicio, afirmando que había sido obtenida bajo tortura. En un mensaje de audio filtrado desde la prisión, acusó a las autoridades de utilizar las ejecuciones como herramienta de represión.

El caso se desarrolla en medio de una represión brutal e inédita por parte del régimen iraní. Entre el 8 y el 12 de enero de 2026, las fuerzas del Islamic Revolutionary Guard Corps reprimieron violentamente protestas en más de 170 ciudades, matando a decenas de miles y deteniendo a cientos de miles. Entre las víctimas se encuentran atletas, entrenadores y árbitros, lo que pone de manifiesto el enfoque sistemático del régimen contra civiles y figuras deportivas para sofocar la disidencia.

En respuesta a la represión, el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Estados Unidos apoyará al pueblo iraní. Las recientes acciones militares llevadas a cabo por EE. UU. e Israel han sido presentadas como esfuerzos para proteger a los civiles y respaldar a la población iraní, recibiendo apoyo de muchos iraníes tanto dentro del país como en la diáspora, y captando la atención internacional.