La polémica reciente en torno a la participación de una atleta trans en el equipo de voleibol de San José State, Estados Unidos, ha desatado una tormenta política y social que ha sacudido el ámbito deportivo en todo el país. Varias universidades de la Conferencia Mountain West han decidido cancelar sus partidos contra San José State, optando por eludir la competición sin dar razones públicas explícitas. Sin embargo, el motivo detrás de estas cancelaciones no es un misterio: una demanda en Georgia argumenta que las reglas de la NCAA que permiten a atletas trans participar en equipos femeninos violan el Título IX, lo que ha puesto a una jugadora de San José State bajo el escrutinio nacional.
Este tema tocó un punto álgido cuando Brooke Slusser, capitana y excompañera de cuarto de la jugadora en cuestión, se unió a la demanda tras enterarse de la identidad de género de su compañera a través de una filtración en abril. Aunque la jugadora trans no ha hecho pública su identidad, el escándalo explotó en las redes sociales y fue avivado por políticos con ideologías conservadoras generando grupos de presión y un amplio debate sobre la inclusión de personas trans en deportes femeninos y la seguridad de las jugadoras cisgénero. A raíz de esta situación, la presión sobre entrenadores y directivos deportivos se ha intensificado, obligando a las universidades a tomar decisiones sin un conocimiento claro del tema.
LA POLÍTICA, HASTA EL FONDO
La NCAA y la conferencia Mountain West han adoptado una postura de cumplimiento con las normas existentes, que exigen pruebas de testosterona dentro de los límites establecidos durante un año antes de la competición. A pesar de ello, tres equipos (Boise State, Wyoming y Utah State) han optado por perder sus encuentros en lugar de enfrentarse a San José State, lo que resalta el creciente poder de la política sobre las decisiones deportivas. Lo más preocupante es la influencia que los políticos (que no son médicos, sociólogos, psicólogos ni expertos deportivos) han tenido en estas decisiones, como el caso de Wyoming, donde un senador estatal llegó a amenazar con recortes de fondos si el equipo participaba en el partido.
Emma Testi with the kill for the Spartans!#AllSpartans pic.twitter.com/8hiwwSiIRT
— SJSU VOLLEYBALL (@SanJoseStateVB) October 4, 2024
La situación refleja un panorama complejo, donde las instituciones deportivas se ven atrapadas entre la inclusión de los derechos de las personas trans y la presión de fuerzas externas que intentan restringir su participación. La falta de un enfoque coherente y la incertidumbre sobre cómo abordar el tema han dejado a las universidades en una posición incómoda. Estos incidentes son carne de cañón para redes sociales y medios de comunicación y muchos colegios, universidades e instituciones no saben cómo administrarlos. De hecho, las opiniones dentro de los equipos sobre la participación de atletas trans suelen estar divididas, complicando aún más la situación.
LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA JUGADORA
Lo más preocupante es el impacto en la jugadora trans en cuestión, quien ha competido en San José State sin problemas durante dos temporadas anteriores. Ahora, su vida privada ha sido expuesta sin su consentimiento, mientras que el debate público sobre su derecho a jugar se intensifica. A pesar de haber cumplido con las reglas de la NCAA, la atleta ha sido víctima de una campaña de demonización, lo que pone de manifiesto la naturaleza cruel de esta controversia.
Este dramático episodio sugiere una revisión por parte de expertos de estos asuntos para no crear controversias, dejar las normas claras y, sobre todo, no hundir ninguna vida por el ruido mediático que se acumula en forma de discriminación en torno a la deportista.
