La transparencia se ha convertido en una de las palabras más repetidas por el deporte global y, al mismo tiempo, en una de las menos verificables. Federaciones internacionales, confederaciones y organismos olímpicos publican códigos éticos, informes de gobernanza, comités de integridad y comunicados, pero muchas decisiones clave siguen produciéndose en espacios difíciles de fiscalizar: elecciones internas, contratos comerciales, readmisiones políticas, procesos disciplinarios, financiación de federaciones nacionales y cambios regulatorios que afectan directamente a los atletas.

El mito no está en la ausencia de normas, sino en la limitada capacidad de esas normas para incomodar al poder. En esgrima, casi 3.000 atletas y entrenadores han pedido una revisión independiente sobre la Federación Internacional de Esgrima -FIE- por presuntos fallos de gobernanza; en boxeo, la International Boxing Association -IBA- perdió el reconocimiento olímpico tras años de dudas sobre gobernanza, finanzas e integridad; en natación, el caso de los 23 nadadores chinos que dieron positivo por trimetazidina antes de Tokio 2020 obligó a World Aquatics y a la Agencia Mundial Antidopaje -WADA- a defender sus procedimientos; y en el fútbol africano, la Confederación Africana de Fútbol -CAF- ha afrontado acusaciones vinculadas a presión interna sobre miembros de auditoría y cumplimiento.

Opacidad electoral: cuando votar no significa rendir cuentas

La primera zona gris está en las elecciones. Buena parte del deporte global funciona con estatutos, calendarios electorales, comisiones y votaciones, pero la existencia formal de un proceso no garantiza que el poder esté realmente en disputa. Candidaturas únicas, redes internas, federaciones nacionales dependientes de fondos internacionales, cambios reglamentarios poco comprensibles y votaciones condicionadas por equilibrios políticos convierten muchas elecciones deportivas en procesos más administrativos que competitivos.

La FIE es un caso especialmente representativo porque la crítica procede de atletas y entrenadores que han pedido una revisión independiente. Sus quejas incluyen supuesta falta de transparencia, cambios de reglas, aumento de cargas financieras, cancelaciones o aplazamientos de competiciones y dudas sobre el control de atletas neutrales. La IBA ofrece el caso extremo: el Comité Olímpico Internacional -COI- le retiró el reconocimiento y el Tribunal de Arbitraje Deportivo -CAS- rechazó su apelación al considerar que no había cumplido condiciones vinculadas a transparencia financiera, sostenibilidad y procesos de integridad. Además, sus problemas financieros formaron parte de la crisis que terminó con la pérdida del reconocimiento olímpico, y ahora World Boxing, federación internacional creada para regular el boxeo olímpico, está en fase de ganarse la confianza del COI.

En la CAF, las acusaciones contra Véron Mosengo-Omba por supuesta intimidación a miembros del comité de auditoría y cumplimiento añaden otra capa: una institución no puede presentarse como transparente si quienes deberían fiscalizar desde dentro denuncian presión o interferencias.

El dinero que no siempre se puede seguir

FIFA funciona como el caso central de la opacidad financiera porque combina discurso de reforma, programas de desarrollo, ingresos extraordinarios y una estructura política donde el reparto de fondos también refuerza relaciones de poder. Play the Game recogió en 2025 críticas sobre los 1.600 millones de dólares destinados por FIFA a desarrollo entre 2023 y 2026, con dudas sobre la trazabilidad de ese dinero en federaciones nacionales con problemas de transparencia. La cuestión no es solo cuánto invierte FIFA, sino qué capacidad real existe para saber dónde termina ese dinero, quién lo fiscaliza y si las federaciones que dependen de esos fondos pueden cuestionar con libertad al organismo que los distribuye. La transparencia, en este caso, no consiste en anunciar inversión, sino en permitir comprobarla.

La transparencia se vuelve todavía más frágil cuando el poder deportivo se desplaza hacia actores que no son federaciones, pero condicionan sus decisiones: fondos soberanos, empresas estatales, patrocinadores globales y gobiernos con estrategias deportivas propias. El caso de Arabia Saudí, Aramco y el Public Investment Fund -PIF- muestra esa zona gris: FIFA ha incorporado a grandes actores saudíes a su ecosistema comercial mientras el país refuerza su peso en el calendario deportivo global y en la organización de grandes eventos. El problema no está solo en el patrocinio, sino en la cadena de responsabilidad: cuando una federación se asocia con una empresa estatal o con un fondo soberano, la rendición de cuentas ya no puede limitarse a los estatutos deportivos. Hay que saber qué controles de derechos humanos existen, qué obligaciones contractuales se imponen, qué información se publica y qué consecuencias habría si esos compromisos se incumplen.

La fragilidad del antidopaje

Otra gran zona de opacidad es el dinero. Las federaciones internacionales distribuyen fondos de desarrollo, sostienen estructuras nacionales, firman patrocinios, negocian contratos, organizan eventos y deciden qué proyectos deportivos sobreviven. Sin embargo, la trazabilidad económica sigue siendo irregular. La revisión de gobernanza de la Association of IOC Recognised International Sports Federations -ARISF- en 2025 mostró esa contradicción: la transparencia aparecía como el área más fuerte porque todas las federaciones participantes publicaban estatutos y reglas deportivas, pero solo 15 publicaban cuentas auditadas externamente.

El antidopaje es quizá el territorio donde la transparencia resulta más delicada, porque mezcla ciencia, confidencialidad, reputación, geopolítica y carrera deportiva. El caso de los 23 nadadores chinos que dieron positivo por trimetazidina antes de Tokio 2020 expuso esa tensión: WADA aceptó la explicación de contaminación presentada por la agencia china, World Aquatics defendió posteriormente que no hubo mala gestión ni encubrimiento y varias revisiones apuntaron en esa línea, pero el daño reputacional ya estaba hecho. Cuando el público solo conoce la decisión final, pero no entiende con claridad cómo se evaluó la prueba, quién intervino, qué dudas existieron y por qué no hubo sanción, la confianza se convierte en un acto de fe institucional.

La consulta es otra frontera débil de la transparencia porque muchas organizaciones deportivas presentan decisiones estratégicas como si fueran fruto de un consenso interno, pero rara vez permiten reconstruir cómo se formó ese consenso. El caso de CAF con la reforma de la Copa Africana de Naciones -AFCON- lo muestra con claridad: varios dirigentes africanos acusaron a la confederación de no consultar plenamente a sus federaciones miembro antes de avanzar hacia un formato cuatrienal desde 2028, mientras CAF defendió que la decisión había sido aprobada legalmente por su comité ejecutivo. La cuestión de transparencia no está solo en si el órgano competente podía decidir, sino en saber quién participó, qué información recibió, qué objeciones se plantearon y por qué una medida que afecta a ingresos, calendario, selecciones y desarrollo del fútbol africano no pasó por un proceso más visible para sus 54 asociaciones miembro.