El debate sobre quién puede competir en la categoría femenina ha vuelto a tomar el centro del escenario del movimiento olímpico, no por una decisión pública firme desde el Comité Olímpico Internacional -COI-, sino por una carta formal enviada por organizaciones de derechos que exigían claridad sobre el funcionamiento y alcance del grupo de trabajo del COI para la “protección de la categoría femenina”. La discusión ha estado latente desde hace meses, pero ha cobrado nueva vida conforme se acercan reuniones clave del COI en Milán a finales de enero de 2026.
Y en este contexto conviene hacer dos cosas que hasta ahora se han pasado por alto: reconocer —aun con retraso— el valor de lo que sí ha iniciado la actual presidenta, Kirsty Coventry, al poner este tema en la agenda de forma explícita, y señalar el error que representó la postura del COI cuando optó por cubrir lo acontecido en boxeo en París 2024 en lugar de afrontarlo con transparencia.
El protagonismo de Kirsty Coventry
No es menor que el nuevo impulso para abordar la protección de la categoría femenina provenga precisamente de la presidencia de Coventry, que desde su llegada al COI ha señalado la necesidad de una política más clara y científica sobre elegibilidad de género en los deportes olímpicos. La creación de un grupo de trabajo específico para este tema es una respuesta a años de vacíos, y aunque muchos —entre ellos atletas y federaciones— reclamen que llega tarde, es importante darle crédito por haber puesto sobre la mesa algo que no se discutía con seriedad institucional desde hacía demasiado tiempo.
Este esfuerzo llega en un momento en el que la falta de claridad ha generado incertidumbre entre atletas, federaciones y defensores de derechos. Que ahora exista un espacio formal para debatir criterios y metodología —siendo la transparencia un punto clave del reclamo— es un paso que se celebra.
El error de París 2024
Sin embargo, no se puede hablar de avances sin recordar los errores pasados. El asunto del boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde dos boxeadoras —entre ellas Imane Khelif— ganaron medallas de oro pese a que existían evaluaciones médicas y cuestionamientos serios sobre elegibilidad, fue uno de los episodios más polémicos de la historia reciente del olimpismo. El COI, bajo la presidencia de Thomas Bach, optó por minimizar el debate, defendiendo públicamente que “no había duda” sobre la condición de los atletas implicados y rechazando implicarse más allá de lo estrictamente necesario.
Ese enfoque dejó a boxeadoras y, por extensión, a muchas atletas femeninas, en una situación de desprotección institucional. Más preocupante aún es que, según fuentes internas, la Federación Internacional de Boxeo (IBA) había notificado al entonces director deportivo del COI, por escrito, todos los resultados de tests médicos relevantes un año antes de los Juegos de París, incluyendo indicaciones de cromosomas y cuestiones genéticas que podían influir en su elegibilidad. A pesar de saberlo, la organización olímpica optó por cerrar filas, no abrir un debate público y restar visibilidad a toda esa información.
Esa decisión de priorizar la imagen de normalidad sobre la claridad científica y la justicia deportiva no solo fue un fallo de liderazgo, sino una traición a la responsabilidad que tiene el COI de proteger la integridad de las categorías competitivas. Dejar que el ruido mediático —y la tentación de evitar conflictos— se impusiera sobre una gestión honesta de la información fue, sin duda, uno de los momentos más lamentables de la gestión reciente del olimpismo.
No es solo política, es justicia deportiva
Hoy, con la nueva iniciativa del COI —aunque sea tardía para nos pocos—, emerge una oportunidad para corregir errores y recuperar credibilidad en un asunto que va al corazón del deporte: garantizar que la competencia sea justa y que los derechos de todas las atletas sean respetados. La carta de organizaciones como la ‘Sport & Rights Alliance’ subraya lo que muchos han reclamado desde hace años: transparencia, consulta amplia, criterios científicos y respeto pleno de la dignidad humana en toda decisión que afecte a la participación de mujeres y niñas en el deporte. Hay que celebrar que se esté caminando en esa dirección.
Se puede y se debe reconocer el valor de la acción de Kirsty Coventry por haber impulsado este debate necesario. Es positivo que el COI, bajo su liderazgo, empiece a enfrentar un tema que durante demasiado tiempo quedó relegado. Es una oportunidad para construir políticas claras, justas, científicas y respetuosas con la diversidad, la equidad y la justicia dentro del deporte olímpico global.
