A menos de tres años de que Los Ángeles reciba al mundo para los Juegos Olímpicos de 2028, la ciudad enfrenta una ola de agitación social que ha puesto en entredicho su preparación para albergar el evento. Una serie de redadas migratorias llevadas a cabo esta semana provocó protestas masivas, enfrentamientos con la policía y el despliegue de la Guardia Nacional, lo que ha encendido nuevas alarmas sobre la capacidad de la ciudad para garantizar seguridad y cohesión social.

Las tensiones comenzaron el 6 de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas, con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional, realizaron operativos coordinados en varios barrios, entre ellos Westlake, el Distrito de la Moda y Paramount. Según las autoridades federales, 44 personas fueron detenidas por violaciones migratorias. Una detención adicional tuvo lugar durante una protesta, en la que fue arrestado el presidente del sindicato SEIU California, David Huerta, quien luego recibió atención médica por las lesiones sufridas durante su arresto. A lo largo de la semana, el número total de detenciones ascendió a 118, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Las redadas desataron una reacción inmediata. Cientos de manifestantes se congregaron frente a edificios federales y centros de detención, coreando consignas contra las deportaciones y exigiendo rendición de cuentas. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, pronto derivaron en enfrentamientos. La policía declaró reuniones ilegales en partes del centro y sur de Los Ángeles. Para dispersar a las multitudes, se utilizaron granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y munición no letal. Helicópteros sobrevolaron la ciudad mientras escuadrones antidisturbios se enfrentaban con los manifestantes en una ciudad que hasta hace poco promovía su estabilidad e inclusión ante el Comité Olímpico Internacional.

Protestas migratorias ponen en jaque Juegos 2028

Aumenta la tensión a menos de tres años de los Juegos Olímpicos de 2028

En una medida que generó gran controversia, el presidente Donald Trump, actualmente en su segundo mandato, ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional de California. Para el 8 de junio, al menos 300 ya se encontraban estacionados en la ciudad. Este fue el primer despliegue federalizado de la Guardia en California desde las marchas de Selma a Montgomery en 1965. La decisión, que evitó el consentimiento del gobierno estatal, intensificó las tensiones entre la Casa Blanca y las autoridades californianas.

El gobernador Gavin Newsom calificó las operaciones de «crueles, caóticas y motivadas políticamente». Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que las redadas representaban «un ataque a los valores y la confianza de nuestra comunidad».

El despliegue ha provocado un intenso debate entre funcionarios locales, líderes comunitarios y observadores internacionales sobre la imagen que Los Ángeles está proyectando de cara a los Juegos. “No se puede garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos”, declaró un miembro del concejo municipal bajo condición de anonimato. “Se logra construyendo confianza, y en este momento, esa confianza se está desmoronando”.

Las imágenes difundidas desde la ciudad muestran vehículos militares en zonas residenciales, familias encerradas en sus hogares por temor y manifestantes acorralados por escudos antidisturbios. Esta escena contrasta con el espíritu de unidad y apertura que se espera de los Juegos Olímpicos.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la ACLU, han instado al Comité Olímpico Internacional a supervisar la situación de cerca y garantizar que el evento no se desarrolle bajo condiciones de represión ni miedo generalizado.

Manifestantes contra ICE y LAPD se enfrentan en el segundo día de intensos choques por las políticas migratorias del presidente Trum

Convertir la agitación en reforma

Gobiernos extranjeros, especialmente en América Latina y Oriente Medio, también han expresado preocupación. Varias embajadas han solicitado explicaciones sobre el trato que recibieron sus ciudadanos durante las redadas. Algunos funcionarios han insinuado que, si la situación empeora, podrían reconsiderar su participación en los Juegos de 2028.

Para los patrocinadores olímpicos, incluyendo cadenas de televisión internacionales y grandes marcas corporativas, la crisis no es solo un problema de imagen. Representa un riesgo para la narrativa global que han promovido junto con la candidatura angelina, centrada en la diversidad, la innovación y la unidad cívica. Hoy, esa narrativa se encuentra bajo presión.

Aun así, algunos líderes comunitarios ven en esta crisis una oportunidad. Sostienen que este momento podría convertirse en un punto de inflexión si las autoridades locales y federales responden con reformas significativas que aborden problemas estructurales relacionados con la inmigración, la policía y la confianza ciudadana.

“El mundo nos está mirando”, dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. “Esta ciudad aún tiene la oportunidad de demostrar lo que significa liderar, no solo en el deporte, sino en materia de justicia”.

Con la cuenta regresiva hacia 2028 en marcha, Los Ángeles se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán el futuro de los Juegos Olímpicos. También determinarán si el evento será recordado como una celebración mundial de la unidad o como el reflejo de una división no resuelta.