La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 avanza en un clima de creciente inquietud social y política, tal y como se analiza en las páginas de ‘The Guardian’. Desde que el Comité Olímpico Internacional otorgara la sede a la ciudad californiana en 2017, el contexto ha cambiado radicalmente, marcado por crisis presupuestarias, desastres naturales y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La designación de los Juegos como ‘National Special Security Event’ -NSSE- ha elevado la preocupación entre residentes, autoridades y organizaciones de derechos civiles.
En enero, Los Ángeles sufrió graves incendios y, en paralelo, la administración Trump intensificó la presencia de agentes de inmigración –ICE– en la ciudad. El presidente del COI, Thomas Bach, había elogiado la “sólida base” de la candidatura angelina, pero la realidad actual dista mucho de aquel optimismo inicial.
Seguridad reforzada y recortes presupuestarios
La organización de LA28 depende de una inyección federal de 3.200 millones de dólares para infraestructuras de transporte, vitales para el desarrollo de los Juegos. Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha amenazado con retirar fondos a ciudades que permitan protestas contra ICE, lo que ha generado incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos clave, tal y como recuerda ‘The Guardian’.
El estatus NSSE, activado por Joe Biden en 2024, otorga amplios poderes a agencias federales como ICE, la Guardia Nacional y los Marines para intervenir en la seguridad del evento. Esta designación, la más temprana de la historia para unos Juegos, ya está condicionando la vida diaria en Los Ángeles, donde residen cerca de 900.000 personas indocumentadas.
Tensión social y temor a redadas masivas
La colaboración entre la policía local y las agencias federales se ha intensificado, dificultando la transparencia sobre futuras operaciones migratorias. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, ha reconocido que no puede advertir a las autoridades municipales sobre redadas federales, lo que ha generado alarma entre los colectivos de defensa de los derechos humanos, según informa ‘The Guardian’.
Las protestas contra las redadas de ICE han sido respondidas con despliegues de la Guardia Nacional, anticipando el tipo de seguridad que podría vivirse durante los Juegos y el Mundial de fútbol de 2026. Organizaciones sociales temen que la celebración de estos megaeventos sirva para justificar un endurecimiento de las políticas migratorias y de control social.
Restricciones de viaje y discriminación internacional
La administración Trump ha anunciado nuevas restricciones de viaje que afectan a países como Irán, Haití y Libia, y ha ampliado la lista a 36 naciones adicionales. En total, 48 países cuyos atletas participaron en París 2024 podrían ver limitada su presencia en Los Ángeles 2028, según el análisis del diario británico.
El veto migratorio ya ha tenido consecuencias directas: la selección femenina de baloncesto de Senegal se vio obligada a cancelar su concentración en Estados Unidos tras la denegación de visados a jugadoras y cuerpo técnico. Esta situación ha generado preocupación en el seno del COI y entre los comités olímpicos nacionales.
Un nuevo liderazgo en el COI ante el reto de LA28
El relevo en la presidencia del COI, con Kirsty Coventry como primera mujer y primera africana al frente de la institución, coincide con uno de los periodos más complejos para el olimpismo moderno. Coventry hereda la responsabilidad de garantizar que los principios de la Carta Olímpica, como la no discriminación y la apertura, se respeten en un contexto de creciente polarización política.
El futuro de los Juegos Olímpicos de 2028 dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo y de la defensa de los valores olímpicos en un entorno marcado por la incertidumbre y la tensión social.
